11-10-2019

Cuarenta asistidos por la Defensa Pública obtienen libertad

La Cámara de Apelaciones Primera Sala, hizo lugar a la apelación planteada por las defensoras públicas, Analía Yinde, Abog. Celeste Jara y María Fernanda Laino, en representación de 40 imputados por los hechos ocurridos el 30 de agosto pasado en la sede de la Secretaría Nacional de Deportes, revocando la decisión del juzgado y ordenando la libertad de los mismos.

El Juzgado Penal de Garantías N° 11 había impuesto el arresto domiciliario de 40 imputados por perturbación de la paz pública y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo tras los disturbios ocurridos en la Secretaría Nacional de Deportes. Los mismos son asistidos por las defensoras en lo penal, Analía Yinde, Celeste Jara y María Fernanda Laino, quienes apelaron la decisión de la magistratura.

Bajo el argumentó que "resulta completamente innecesaria la medida de arresto domiciliario debido a que se encuentran suficientes elementos para desvirtuar el peligro de fuga y obstrucción, hay elementos que demuestran el arraigo y resultan suficientes para que los incoados estén sometidos al proceso ya que los mismos cuentan con domicilios fijos, cuentan con trabajo, por tanto es completamente desproporcional la medida de arresto domiciliario".

Al respecto los camaristas, Pedro Mayor Martínez, Gustavo Ocampos y Gustavo Santander hicieron lugar al pedido de la Defensa Pública e indicaron en su resolución, "esta magistratura es del criterio de que los fundamentos expuestos por el juez no conllevaría necesariamente la aplicación de la medida dispuesta, a la luz de los elementos presentados por la defensa, se observa que dicha medida no resulta razonable, pues los riesgos procesales aludidos para su imposición, bien pueden ser controlados con medidas cautelares diferentes a la impuesta y con ello facilitar la sujeción al proceso del imputado, con medidas como; comparecencia ante el juzgado, prohibición de salida del país, prohibición de acercarse a estadios dentro del territorio nacional donde se celebran eventos deportivos y la prohibición de cambiar el domicilio denunciado sin previa comunicación del juzgado competente.

" Y por lo que deviene procedente hacer lugar al pedido solicitado por la defensa y revocar el auto interlocutorio apelado atendiendo las circunstancias especiales de este caso con pluralidad de imputados, esta magistratura considera pertinente imponer las siguientes medidas cautelares a fin de asegurar la incoadas el proceso judicial, las cuales son la prohibición de salir del país la comparecencia mensual ante el juzgado penal de garantías competente a fin de firmar el libro respectivo, prohibición de cambiar los domicilios enunciados sin previa comunicación al juzgado competente, la prohibición de acercarse a Estadios dentro del territorio nacional donde se celebran eventos deportivos, debiendo el Juzgado Penal de Garantías convocar al incoado a fin de cumplir con lo establecido en el artículo 246 del Código Procesal Penal", refieren los camaristas.

Dicha decisión de la Cámara es un gran trabajo del equipo de la defensora pública Abg. Analia Yinde, quienes trabajaron intensamente para preparar el recurso de apelación, recibir familiares, documentos y dar contención a los familiares de los asistidos. Teniendo en cuenta la cantidad de procesados, que son más de 100, por lo que debían identificar todas las resoluciones que ordenaron el arresto domiciliario.

En la causa, la Defensa Pública en lo Penal de la Capital asistió a 80 declaraciones indagatorias ante el Ministerio Público, 62 audiencias de imposición de medidas antes la Oficina de Atención Permanente del Poder Judicial. Posteriormente a las revisiones de las medidas solicitadas, las que fueron realizadas todas en una mañana. Con dicho trabajo la Defensoría afianza su compromiso en el servicio a la ciudadanía, debido a que todo ciudadno tiene derecho a ser defendido.