1-08-2017

Defensor Público de San Lorenzo logra nulidad de la sentencia

El Defensor Público del fuero penal, Abg.Oscar Ernesto Gini Tardivo, de San Lorenzo, logró una resolución favorable para su defendido ante el Tribunal de Apelación que declaró la nulidad de la sentencia de primera instancia y dispuso la absolución e inmediata libertad de un adolescente condenado a cuatro años de privación de libertad a pedido del Ministerio Público. Con la mencionada resolución, el representante de la defensa pública consiguió sentar un precedente jurídico importante para otros casos similares del fuero penal adolescente.

En su exposición de agravios, el defensor público alegó que el Ministerio Público omitió presentar el “Informe psicosocial del menor” en la acusación y posteriormente en la audiencia preliminar, prueba de suma trascendencia durante el proceso investigativo para demostrar la madurez psicológica del menor y por ende la reprochabilidad, de conformidad a lo que establece el art. 194 del Código de la Niñez y Adolescencia. Sin embargo, el Tribunal de Sentencia, a los efectos de subsanar la falta en la que incurrió el Ministerio Público incluyó los estudios Psicológico y Socio- Ambiental como “prueba para mejor proveer”.

El Tribunal de Apelación integrada por las magistradas: abogadas María Eugenia Giménez, Karem González Acuña y Sonia de León Franco, en su acuerdo y sentencia, coincidieron que “en las circunstancias fácticas acaecidas en el marco del presente proceso penal, es posible advertir que la introducción de los estudios periciales (psicológico y socio-ambiental) en crisis, como medida de mejor proveer, fue realizada en abierta contravención a las facultades conferidas por la normativa legal vigente, al Tribunal de Sentencia, al suplir la negligencia de una de las partes, en el caso puntual, del Ministerio Público”. Por esta razón – alega- que la resolución anterior se halla viciada de nulidad e inexorablemente así debe ser declarada.

Los integrantes de dicho Tribunal indicaron que es necesario exhortar a los diversos operadores de justicia, a los efectos de velar por la aplicación de las normas jurídicas y principios del derecho penal juvenil, contenidos en el Código de la Niñez y la Adolescencia y demás instrumentos internacionales vigentes en la materia.

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