6-02-2019

Defensora Pública interviene en audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Defensora Pública Penal, Abg. Nilda López Brítez en carácter de Defensora Pública Interamericana designada por la AIDEF, ha representado al Ministerio de la Defensa Pública del Paraguay conjuntamente con el DPI de Chile, Octavio Sufán, en la defensa del caso Jenkins vs ARGENTINA, que se llevó a cabo en Audiencia Pública, el pasado 1 de febrero del corriente año, en la ciudad de San José de Costa Rica durante el 129 Periodo de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El caso se relaciona con la alegada privación arbitraria de libertad de G.O.J desde el 8 de junio de 1994 hasta el 13 de noviembre de 1997, en el marco de la causa conocida como “Padilla Echeverry y otros” seguida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6 por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y asociación ilícita, de los cuales fue finalmente absuelto.

La Comisión concluyó que la arbitrariedad de la detención preventiva se evidenció en el hecho de que la misma operaba de manera automática y que, en el caso del Señor Jenkins, se basó en indicios de responsabilidad y no persiguió fin procesal alguno motivado de manera individualizada en las decisiones respectivas. Así mismo, la Comisión estimó que durante el tiempo en que el Señor Jenkins estuvo privado de libertad, no se realizó ninguna revisión de su detención preventiva y la necesidad de mantenerla. Esta alegada falta de revisión se habría generado como consecuencia de que la detención preventiva habría operado de manera automática y habría existido una prohibición legal de excarcelación en el artículo 10 de la Ley 24.390 para el delito por el cual era procesado.

En consecuencia, la Comisión consideró que la duración de tres años y cinco meses de la detención preventiva fue excesiva, constituyo una anticipación de la pena y vulneró el derecho a la presunción de inocencia. La Comisión agregó que los recursos judiciales interpuestos no habrían posibilitado una revisión sin demora y efectiva tanto de la motivación como de la duración de la detención preventiva.

La Comisión también concluyó que la diferencia de trato contemplada en el artículo 10 de la Ley 24.390 y su aplicación al presente caso, resultó incompatible con el derecho a la igualdad ante la ley. Finalmente, la Comisión consideró que la acción civil de daños y perjuicios interpuesta por el señor Jenkins, tuvo una duración irrazonable.

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