08-06-2021

Defensa Pública logra casación favorable para su representado

La Defensa Pública, a través del Recurso Extraordinario de Casación, logró anular la resolución dictada por el Tribunal de Apelaciones, que confirmó condena de 15 años de pena privativa de libertad para el asistido del Ministerio de la Defensa Pública. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, también anuló, parcialmente, la Sentencia Definitiva dictada por el Tribunal de Sentencia Colegiado en el marco del Juicio Oral y Público en el que fue juzgado el hecho punible de homicidio.

La defensora pública, Blanca Lila Martínez, tomó intervención en la etapa del Juicio Oral y Público ejerciendo, en lo sucesivo, la defensa técnica del acusado que tuvo como corolario la referida sanción penal. Ante el proceso adverso, activó el Recurso de Apelación Especial que no prosperó. No obstante, ello, en su afán de procurar revertir la decisión desfavorable a su representado, agotó la vía recursiva que le confiere la ley implementando el Recurso Extraordinario de Casación, logrando así mejorar la situación procesal del acusado con elAcuerdo y Sentencia Nº 469 dictado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

En evaluación del Recurso Extraordinario de Casación planteado por la Defensa Publica, la Sala Penalcon la pre-opinión del ministro Ramírez Candia resalta, entre otros aspectos, los agravios puntuales que fueron desarrollados por la recurrente ante el Tribunal de Apelaciones, como ser la relacionadaa la errónea aplicación de los parámetros establecidos en cuanto a la medición de la pena; así como lo relativo a la reprochabilidad del acusado en consideración a la ingesta de bebida alcohólica del mismo al tiempo de la comisión del hecho y que, según la defensa, implicaba una reprochabilidad disminuida y por ende, era merecedor de una pena atenuada.

Precisamente, en ese trance analítico, reconoce razón a la defensa, en el sentido de que el fallo tribunalicio es infundado, dado que el Tribunal de Apelaciones no abordó los agravios puntuales que inspiraron el recurso, al evadir expedirse sobre cada uno de ellos y al utilizar, so pretexto de fundamentación, una suerte de “formulario” que puede utilizarse a cualquier resolución que esté sometida a un órgano jurisdiccional. Por tales razones, la Sala Penal concluyó que la Resolución de Segunda Instancia está viciado, por tanto, es nula.

Cabe resaltar que el vicio detectado en la doctrina y jurisprudencia de la Sala Penal está reconocida como incongruencia omisiva, también llamada ex silentio, que se produce cuando el órgano jurisdiccional “deje sin contestar” alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes. Igualmente se infringe la prohibición cuando la resolución impugnada "guarda silencio” o se “pronuncia parcialmente” sobre alguna de las pretensiones de las partes, dejando imprejuzgada o sin respuestatodas o algunas de las cuestiones relevantessometidasa la decisión del órgano judicial llamado a dirimir el conflicto jurídico-penal.

Ante la coyuntura analítica expuesta, la Sala Penal, por decisión directa, se abocó al estudio del fallo primario, siempre a la luz de los agravios de la defensa que fueron preteridos por el Tribunal de Alzada. Y ese contexto se expidió sobre la reprochabilidad del acusado, tema puntual que ha sido controvertida por la defensa quien sostuvo, preta síntesis, la atenuación de la reprochabilidad del acusado por su estado de embriaguez, al tiempo del hecho, sin haberse puesto ex profeso en tal situación con el propósito de cometer delito, para luego pretender quedar exonerado de responsabilidad penal.

La posición de la defensa contradecía la tesis conclusiva adoptada por el Tribunal de Sentencia quien, al momento del análisis de la reprochabilidad, expuso sus fundamentos sobre dicho extremo. Concluyó con la aplicación de la llamada, en el ámbito de la teoría del delito, “Actio Libera in Causa” y consecuente con ello adujo que el acusado estuvo ingiriendo bebidapara armarse de valor, no solamentepara ocasionar la muerte de la víctima, sino también para herir a otras personas.

Al abordar las posturas contrapuestas del Tribunal de Merito, en la resolución recurrida y de la defensa, en sus agravios, la Sala Penal llega a la conclusión de que existe un error en la fundamentación del Tribunal de Sentencia.En tal sentido, sostuvo, básicamente, que, según los hechos probados y descriptos en la sentencia, el Tribunal estableció que el acusado se puso en estado de embriaguez para cometer el hecho punible; sin embargo, refiere, dicha circunstancia no se encuentra demostrada ni siquiera ha sido requerida por el Ministerio Publico Fiscal que requirió quince años de pena sin invocar la actio libera in causa.

Apoya su conclusión en Jacobs que sostiene que, en los casos de embriaguez, la intoxicación alcohólica tiene que presentarse en tal medida que, como en la psicosis profunda, la personalidad haya cambiado. Refiere, en otro apartado, si bien no existe un análisis de sangre o alcoholemia que demuestre de manera fehaciente el grado de intoxicación en el que se encontraba el acusado al momento de la comisión del hecho, en el caso particular no resulta lógico pensar que alguien que se pone en estado de ebriedad a los efectos de cometer un hecho punible se recueste a descansar luego de realizarlo. Lo único racional seria pensar que el autor obró con una considerable disminución de reproche por la ingesta de bebidas alcohólicas, como lo señalara la defensa.

Consecuente concluye queel acusado obró con una considerable disminución de su capacidad de conocer la antijuricidad del hecho o de determinarse conforme a ese conocimiento, por lo que la pena impuesta debía ser atenuada con arreglo al Art. 67 del Código Penal. En la evaluación del otro agravio defensivo, también la Sala Penal le reconoció razón a la defensa, en el sentido de que el Tribunal de Sentencia ha incurrido en doble valoración al tiempo de dosificar la sanción penal. Por ambas razones, ordena el reenvió parcial para que un nuevo Tribunal de Sentencia realice el juicio sobre la pena a imponer al acusado, pero con arreglo al Art. 67 del Código Penal. La propuesta conclusiva fue secundada por el ministro Fretes; mientras que la ministra Llanes, en parcial desacuerdo, propuso el reenvío total.

Finalmente, cabe destacar, por un lado, que por el fallo evaluado, la Defensora Pública logró una ostensible mejora respecto a la sanción penal que pueda merecer su representado, toda vez que, necesariamente, el nuevo Tribunal de Sentencia, debe aplicar la atenuación del Art. 67 del Código Penal y que, en el caso concreto, a lo sumo podría ser hasta las tres cuartas parte de laqueha sido impuesta primigeniamente, considerando que, al haber sido la Defensora Pública la única apelante, el nuevo Tribunal de Sentencia no puede expedirse sobre la base de una pena mayor que la anulada merced al recurso exitoso de la defensa; y ello por la prohibición de la reformatio in peius.


VINCULO PARA DESCARGAR EL ACUERDO-SENTENCIA: http://www.mdp.gov.py/application/files/8916/2315/...