06-09-2021

Defensa Pública logró anulación de resoluciones de Tribunal de Apelación y el Tribunal de Sentencia y obtiene sobreseimiento definitivo para representado de pueblo originario

La Defensora Pública dela Capital, Carla Marcet, a través de un Recurso Extraordinario de Casación logró anular parcialmente la resolución dictada por el Tribunal de Apelaciones que confirmó una sanción penal de 28 años de pena privativa de libertad para su asistido. Concomitantemente, por decisión directa,el órgano revisor, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, también anuló en lo concerniente al representado de la Defensa Publica, la Sentencia Definitiva dictada por el Tribunal de Sentencia Colegiado en el marco del Juicio Oral y Público en el que fue juzgado un hecho punible sobre “Tráfico de Estupefacientes y Otros”, disponiendo el sobreseimiento definitivo del referido justiciable.

La causa de referencia se inició en el 2012 en una propiedad y reserva indígena en la Colonia Guavirá, distrito de la Paloma del Espíritu Santo, tras un allanamiento conjunto por parte de una comitiva del Ministerio Público y Agentes Especializados de la SENAD. En el lugar hallaron 5 aeronaves, armas, automotores y, aproximadamente, 1.800 kilos de cocaína, y de los cuales aprehendieron y juzgaron a veinte(20) personas, entre ellas una persona indígena, que es representado por la Defensa Publica. El mismo pertenece a comunidad Tekoha Poty Vera, del Departamento de Canindeyú.

El procedimiento penal aplicado, respecto a todos los involucrados, fue el ordinario, culminando en un Juicio Oral y Público que tuvo como corolario la Sentencia Definitiva por la que el referido indígena, entre otros, fue penalmente sancionado a 28 años de pena privativa de libertad. Ante la suerte adversa, la Defensora Pública interviniente activó el Recurso de Apelación Especial, que no prosperó. No obstante, ello, en su afán de procurar revertir la decisión desfavorable a su representado agotó la vía recursiva que le confiere la ley implementando el Recurso Extraordinario de Casación. De esta forma logró, en el último refugio de la jurisdiccionalidad, obtener su objetivo consistente en la exoneración a través del sobreseimiento definitivo decretado por la Sala Penal por Acuerdo y Sentencia Nº 856 de fecha 30 de agosto de 2021, de toda responsabilidad penal a su representado, decisión en la que va implícita la inmediata liberación del mismo de su encierro carcelario.

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En la evaluación del Recurso Extraordinario de Casación planteado por la Defensa Publica, la Sala Penal, con la pre-opinión de la ministra Carolina Llanes resalta, entre otras cosas, los agravios puntuales que fueron desarrollados por la recurrente ante el Tribunal de Apelaciones. Estos incluyen la inobservancia del Procedimiento Especial, que debía aplicarse a su representado, considerando su condición de indígena perteneciente a la Etnia Ava Guaraní, que exige, entre otras cosas, la intervención obligatoria de antropólogos, expertos en materia indígena en las sucesivas etapas del especial procedimiento penal que los debe regir, de modo tal a posibilitar que en el proceso se respete su cultura, tradición e identidad y, concomitantemente, procurar evitar la alienación del imputado o acusado indígena a culturas que le son foráneas.

Precisamente, en ese trance analítico, le Ministra preopinante, ponencia que suscriben los demás Ministros, otorga razón a la Defensora Publica afirmando, por un lado, que a partir de la Etapa Intermedia, el imputado fue enjuiciado por el procedimiento ordinario, cuando que debía aplicársele, por su condición del pueblo originario, el Procedimiento Especial establecido en el Libro II, Titulo VI del Código Procesal Penal. Por otra parte, resaltó la vulneración de los derechos constitucionales de la persona indígena, que tuvo su génesis en la Audiencia Preliminar, ocasión en que la Defensora Publica planteó incidente de nulidad de actuaciones por no aplicarse el procedimiento especial, demostrando también la calidad de persona indígena de su representado, extremos que tampoco fueron considerados en la vista pública. Lo reseñado pone en evidencia que el reclamo defensivo en pro de garantizar los derechos del representado fue persistente y tenaz, tal como debe ser una Defensa Pública comprometida con la tutela efectiva de los derechos del prestatario de sus servicios.

En el mismo contexto evaluativo, la Ministra preopinante reprueba la decisión tribunalicia en tanto para justificar la validez del procedimiento ordinario respecto al referido presentado. Sostuvo que el mismo, al tiempo de los hechos, ya no residía en forma permanente en la comunidad. Y por oposición a tal interpretación, la Ministra sostiene que no es requisito que el momento de la comisión del hecho punible, el procesado conviva en la comunidad indígena, toda vez que el texto legal solo hace referencia a la condición de “miembro”; amén de tener por corroborado que el referido imputado gozaba de un permiso para trabajar fuera de la comunidad.

Adicionalmente, la emisora primaria del voto resalta la finalidad del procedimiento especial para los pueblos indígenas; el rango constitucional e internacional de los derechos que los ampara; la situación de vulnerabilidad de estos últimos en relación a los demás ciudadanos y la consecuencia que prohíba la inaplicación del procedimiento especial en el caso concreto. Esto es, la descalificación por nulidad absoluta de los fallos sancionatorios recaídos en autos en relación a la persona indígena asistida por la Defensora Pública actuante.

Finalmente, cabe destacar que el mentado pronunciamiento del cimero en materia penal es un importante precedente sobre el alcance del artículo 432 del Código Procesal Penal, referido a los indígenas, en tanto supuestos infractores de la ley penal, a quienes deben ser aplicados el Procedimiento Especial, toda vez que, a nivel interpretativo, dicho elenco legal fue escasamente explorado y, en su caso,ignorado o displicentemente abordado, principalmente, cuando se trata de hechos punibles que por su naturaleza o marco penal, entrañan sensible repercusión social o potencial gravedad sancionatoria, aspectos que al hacerse prevalecer por los operadores judiciales hace que queden sin blindaje los derechos y garantías fundamentales de los acreedores, los miembros de los pueblos en un enjuiciamiento penal, aspectos que con bastante prolijidad y sencillez están explicados en el fallo.

Vínculo para ver o descargar la Resolución: http://www.mdp.gov.py/application/files/1416/3093/6444/De_souza_comprimido