05-05-2022

Defensa Pública de Ybycuí logra nulidad y sobreseimiento definitivo mediante casación

El Defensor Público de la ciudad de Ybycuí, Benicio Ruiz Román, a través de un Recurso Extraordinario de Casación, logró anular íntegramente el fallo dictado por el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Paraguarí que ha confirmado una sanción penal impuesta al asistido del Ministerio de la Defensa Pública; concomitantemente, por decisión directa, el órgano revisor, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, también anuló la Sentencia Definitiva dictada por el Tribunal de Sentencia Colegiado - de la misma Circunscripción - en el marco del Juicio Oral y Público en el que fue juzgado el Hecho Punible de “ Incumplimiento del Deber Legal Alimentario”, disponiendo el Sobreseimiento Definitivo del representado de la Defensa Publica.

Efectivamente, las constancias causídicas revelan que, a nivel recursivo, el origen de la apertura de las instancias jurisdiccionales superiores fue la Sentencia Definitiva por la que ha sido sancionado penalmente el defendido de la Defensa Publica. Precisamente, ante la suerte adversa, el Defensor Público activó el Recurso de Apelación Especial que no prosperó. No obstante, ello, en su afán de procurar revertir la decisión desfavorable a su representado, agotó la vía recursiva que le confiere la ley implementando el Recurso Extraordinario de Casación, logrando así – en el último refugio de la jurisdiccionalidad - obtener su objetivo, consistente en la exoneración – a través del Sobreseimiento Definitivo decretado por la Sala Penal por Acuerdo y Sentencia Nº 185 de fecha 25 de marzo de 2022– de toda responsabilidad penal a su representado.

En la evaluación y desenlace conclusivo del Recurso Extraordinario de Casación planteado por la Defensa Publica, se visualiza que - salvo la nulidad de la resolución del Tribunal de Apelaciones - existen discrepancias, por una parte, en relación a la propuesta de solución del caso y; por otra, respecto a los fundamentos en que se sustenta la nulidad de la sentencia definitiva emitida por el Tribunal Colegiado de Sentencia. En efecto, desde la primera perspectiva, el voto minoritario - Ministro Benítez Riera - propone el reenvió de la causa a otro Tribunal de Apelación para que se expida sobre el mérito del Recurso de Apelación Especial; mientras que el voto mayoritario entiende que también es nulo el fallo primario, descalificándolo y decretando - por decisión directa - el Sobreseimiento Definitivo del acusado.

En la construcción del voto mayoritario, tal como se ilustró, existe coincidencia en cuanto al Sobreseimiento Definitivo como solución final del caso; pero no ocurrió lo mismo respecto a los fundamentos que justifican la nulidad de la sentencia definitiva. Y en ese trance analítico, la preopinante, Dra. Carolina Llanes, aborda dos agravios puntuales, la falta de oportunidad suficiente para prestar declaración indagatoria, como condición previa a la formulación de la acusación fiscal (Art. 350 del C.P.P.P) y la falta de relación circunstanciada del hecho que se tuvo por acreditado en juicio, como vicio de la sentencia (Art. 403 núm. 2 del C.P.P.). Tras descartar el primero, funda la nulidad del veredicto sancionatorio por el segundo, explicando con solvencia sus alcances, el principio al que da cobertura y las consecuencias procesales de su inobservancia.

Por su parte, el Dr. Ramírez Candia apoyó la sanción nulificatoria del fallo en la falta de oportunidad suficiente para que el imputado preste declaración indagatoria. En tal sentido advirtió que al tiempo en que el Ministerio Publico recepcionó la declaración indagatoria, no se observaron los requisitos establecidos en el Art. 86 del C.P.P., por virtud del cual, el órgano competente para recibirlo está obligado a comunicar detalladamente al imputado el hecho punible que se le atribuye y un resumen del contenido de los elementos de prueba existentes. En trance de fundamentación explica la raíz constitucional de tal exigencia y que es la manifestación del derecho a ser oído con que cuenta el imputado en el proceso penal. En ese orden de cosas, resalta que, para la validez de la declaración indagatoria, el Agente Fiscal o la persona encargada de recibir la declaración está obligada a detallar la hipótesis fáctica; es decir, la conducta realizada u omitida por el imputado, según se sostenga que se violó una prohibición o mandato establecido en el orden jurídico y que cumpla, al menos en grado de sospecha, los presupuestos de la punibilidad.

La exigencia del Art. 86 del C.P.P., lo empalma con el Art. 350 del mismo digesto instrumental, señalando que en este último artículo el legislador - en aras de resguardar el derecho a la defensa en juicio- estableció una clausula prohibitiva por la que no se autoriza, en ningún caso, una acusación sin haberse dado oportunidad suficiente al acusado de prestar declaración en la forma prevista en el código. Inmediatamente explica la razón de ser de la norma en comento, afirmando: La declaración que realiza el imputado debe versar sobre los hechos que se le imputan y las pruebas que existen en su contra. Estas obligaciones sirven para garantizar en todo momento la necesaria correspondencia entre hecho imputado, hecho acusado y hecho sentenciado; todo ello tendiente a asegurar la defensa del justiciable y evitar que a este se le condene por un hecho sobre el cual no tuvo posibilidad de ejercer convenientemente el derecho a la defensa. El vicio que detectó le hace concluir que es una violación de la garantía constitucional del derecho a ser oído, erigiéndose en un obstáculo procesal no susceptible de subsanación, siendo su consecuencia la nulidad del fallo. Ciertamente, la exegesis prodigada a los preceptos legales involucrados no tiene desperdicio, toda vez que encarna el verdadero alcance y significación de los mismos.

Como remanente analítico queda por evaluar las conclusiones encontradas existente en el voto mayoritario sobre el Art. 350 del C.P.P., con énfasis sobre el carácter de nulidad absoluta o relativa de su quebrantamiento. La postura del Dr. Ramírez Candia es categórica al catalogarla como no susceptible de subsanación y en tanto garantía constitucional del derecho a ser oído, lo que sugiere que esta captada por los Arts. 165 y 166 del C.P.P. Mientras que la Dra. Carolina Llanes, al abordarlo precedentemente, también enfoca la declaración indagatoria desde su vertiente constitucional y como modalidad del derecho a ser oído. Reconoce que en la indagatoria cuestionada por el Defensor Público falta la descripción detallada de los hechos y la calificación jurídica; sin embargo, no lo invalida aduciendo que, con posterioridad, en la Audiencia del Art. 242 del C.P.P., el Juez Penal de Garantías le explicó detalladamente el acta de imputación, permitiendo al imputado tener un acabado conocimiento de la imputación y así poder ejercer su derecho a la defensa a lo largo del proceso. De tal conclusión es factible inferir que el vicio que se captó es una nulidad relativa y por ende convalidable a la luz del Art. 169 del C.P.P.

Por respetable que sea el análisis precedente, desde la óptica de un observador objetivo, no parece ser la versión exegética que más se compagina con las normas jurídicas comprometidas en la declaración indagatoria, con especial atención a lo preceptuado en el Art. 96 del C.P.P., que no autoriza, bajo ningún concepto, que se utilice en contra del imputado su derecho a declarar en el que se inobservaron los preceptos que condicionan la validez del acto, aun cuando él haya dado su consentimiento para infringir alguna regla o para utilizar su declaración; máxime considerando que los requisitos inobservados no son meramente formales, sino de carácter rigurosa y estrictamente sustancial. En la especie, por el voto examinado, so pretexto de que no existe la nulidad por la nulidad misma, se valoró el acto irrito complementándose con un acto posterior y de un órgano ajeno -Juez Penal de Garantías - al Ministerio Publico Fiscal ante quien, el imputado, tiene el derecho de declarar sobre los hechos y no sobre la imposición de medidas cautelares.

Tal razonamiento, a su vez, pone en crisis el Art. 6 - quinto párrafo - del C.P.P., que como correlato reglamentario del Art. 16 de la C.N., no solo reconoce que la violación del derecho a la defensa tiene carácter de nulidad absoluta, sino que también que se extiende a todas las actuaciones subsiguientes a partir del momento en que se realice. En el caso, la nulidad se produjo - según la ponencia en comento - al tiempo de la declaración indagatoria del imputado que data de fecha 17 de julio de 2017, por lo tanto, a partir de esa fecha el acto quedó nulificado y extendido dicho efecto a todo lo actuado ulteriormente, por lo que es de dudosa legitimidad constitucional que el acto viciado (indagatoria) pueda validarse por un acto posterior - la Audiencia del 242 del C.P.P. - realizada en fecha 20 de junio de 2018, es decir, casi un año después del acto nulo.

Pero más allá de las posiciones divergentes señaladas, se resalta el éxito recursivo obtenido gracias a la persistencia y tenacidad del Defensor Público actuante, quien - en pro de garantizar los derechos de su representado - impulsó los dispositivos impugnaticios a su alcance logrando transformar la sanción penal impuesta primigeniamente en un sobreseimiento definitivo, decisión ésta en la que va implícita, entre otras cosas, el cierre irrevocable del procedimiento; la imposibilidad de una nueva persecución penal por el mismo hecho; la cesación de las medidas cautelares si las hubiere; la expresa manifestación de que el procedimiento no afecta el buen nombre y el honor del sobreseído, así como la cancelación de cualquier registro público o privado del hecho, si los hubiere, a su respecto. Una prueba más de cómo debe ser una Defensa Pública comprometida con la tutela efectiva de los derechos del prestatario de sus servicios. -

Vínculo para ver o descargar la Resolución: https://www.mdp.gov.py/application/files/3016/5175/...