ANTECEDENTES:
La violencia contra las mujeres constituye una de las violaciones a los derechos humanos más persistentes, naturalizadas y complejas de erradicar en nuestra sociedad. La Encuesta Nacional sobre la Situación de las Mujeres en Paraguay (ENSIMUP) realizada en 2021, señala que el 78,5% de las mujeres de 18 y más años de edad han sufrido algún tipo de violencia al menos una vez en su vida.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en el marco de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, ha recomendado a Paraguay la adopción de medidas para combatir los ataques contra la igualdad de género en el discurso público, y ha advertido su preocupación por la presunta corrupción en el seno del Poder Judicial, que está dificultando el acceso de las mujeres a la justicia y creando una falta de confianza entre las mujeres hacia la Policía y el Poder Judicial.
Por otra parte, ante el auge de las nuevas tecnologías, la violencia telemática se presenta como una nueva forma recurrente de agresión hacia la mujer, lo que constituye un desafío para activar los mecanismos de protección estatales.
En abril de 2024, se realizó la Primera Edición del Seminario Internacional “Construyendo igualdad: desafíos y estrategias para el acceso a la justicia”. De dicho evento surgieron recomendaciones clave en torno a la necesidad de reforzar la respuesta penal frente a las diversas manifestaciones de violencia hacia mujeres y niñas, el rol de las instituciones y la generación de datos confiables para la toma de decisiones.
En esta Segunda Edición, pretende dar continuidad a ese debate, profundizando el análisis sobre el impacto social de las violencias tipificadas en la Ley N.º 5777/16, con especial énfasis en el rol del derecho penal paraguayo, sus desafíos y posibilidades para garantizar justicia efectiva.
El Seminario Internacional “Construyendo igualdad: desafíos y estrategias para el acceso a la justicia”, es una iniciativa del Centro de Estudios Judiciales (CEJ), en conjunto con el Ministerio de la Defensa Pública (MDP) y el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
