4-11-2019

​Representantes del MDP obtienen salidas favorables para sus asistidos

El Defensor Público, Marcos Castro de la sede de la ciudad de Fuerte Olimpo, junto con el Perito Aníbal Valdez, de la Asesoría de Pueblos Indígenas de la Ministerio de la Defensa Pública, lograron el sobreseimiento definitivo de tres asistidos, quienes fueron acusados por el hecho punible de abigeato.
La audiencia preliminar se desarrolló en el Juzgado de 1era Instancia Multifueros de Bahía Negra, departamento de Alto Paraguay. Durante la diligencia los profesionales de la Defensa Pública llegaron a un consenso con la víctima de conformidad a su Derecho Consuetudinario ya que los mismos son indígenas de la etnia Yshyr Ybytoso, de la Familia Lingüística Zamuco, el acuerdo se homologó ante el Juez Benicio Monges.


Así también, el Defensor Público solicitó al juzgado la extinción de la causa penal sustentándose en el dictamen pericial del Perito, Aníbal Valdez, y de conformidad al art 434 del CPP, inciso 3ero. Por el cual el Juzgado puede homologar un acuerdo llegado entre las partes, de conformidad a su derecho consuetudinario, cuya resolución no atente contra derechos fundamentales establecidos en la CN y en el Derecho Internacional, por lo que se declaró el sobreseimiento de definitivo de los tres acusados.

En otra audiencia

El 1 de noviembre, en el Juzgado de 1era Instancia de Fuerte Olimpo a cargo de la Jueza María Lucía Espínola, se realizó un Aty Guazú sobre lesión grave. El acusado estuvo asistido por el Defensor Público Marco Castro y el Perito Aníbal Valdez.


En el hecho se llegó a un acuerdo a nivel personal entre la supuesta víctima y el asistido, además el consenso incluyó un arreglo entre las familias de las partes, a nivel económico y conductual; el mismo fue homologado por la jueza, apoyándose además en el dictamen pericial presentado por el Perito Aníbal Valdez de la Asesoría de Pueblos Indígenas.

Por lo expuesto ante la magistrada mencionada, se pudo conseguir la libertad a través de una suspensión condicional del procedimiento por el plazo de un año, a favor del asistido por la Defensa Pública, quien hasta entonces cumplía prisión preventiva en la Penitenciaría Regional de Concepción.