Mediante la oportuna intervención de la defensora pública del fuero Laboral y Contencioso Administrativo de la Capital, Alba Giménez, se pudo conciliar un acuerdo con la empresa a la que prestaba servicio una trabajadora para que perciba íntegramente el monto que reclamó como indemnización y otros conceptos. 

Posterior al acuerdo entre las partes, la trabajadora desistió de la demanda laboral porque la misma manifestó su conformidad y satisfacción con el arreglo logrado, destacando el acompañamiento técnico y legal brindado por la funcionaria del Ministerio de la Defensa Pública, que hizo posible el resguardo efectivo de sus derechos laborales.

Este caso refleja la importancia del acceso a la justicia que está a disposición de las personas, y el rol fundamental que cumple la Defensa Pública en la protección de los derechos de las personas trabajadoras, especialmente aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La defensora pública, contó con la activa participación de sus asistentes Fiorella Galván y Carlos Zaván para que la ex empleada pueda percibir lo que le correspondía por ley.

Antecedentes del caso

La demanda laboral sobre “Cobro de guaraníes en diversos conceptos”, entablada el 27 de noviembre de 2024 ante el juzgado de Paz del Primer Turno de Santísima Trinidad, de la capital, refiere que el 13 de marzo de 2023 fue contratada por la empresa Space EAS para prestar servicio en el área de administración, en la oficina localizada en la capital del país.

Agregó el escrito, que además de los trabajos propios de su función, también le encargaron que se ocupara del área de Recursos Humanos, por lo que vio comprometido su trabajo administrativo.

Recién en el 2024, la empresa contrató personal para Recursos Humanos, pero al trato hacia la trabajadora empezó a cambiar, había muchos cuestionamientos, señaló en su demanda.

Sostuvo la demandante que trabajaba de lunes a sábado, teniendo día libre los domingos. Sus actividades iniciaban a las 7:30 y terminaba sus labores aproximadamente a las 17:30, teniendo una hora para el almuerzo. Sin embargo, sus actividades se podían extender hasta las 21:00, sin que recibiera horas extras.

La falta de personal hacía que la carga de trabajo fuera extrema, lo que ocasionaba que no se terminaran los trabajos asignados, y a pesar de no ser su culpa recibía llamadas de atención.

Aseguró que no fue inscripta en el Instituto de Previsión Social (IPS), sino hasta los últimos tres meses. Percibía un salario mensual de un poco más de G. 3 millones.

El 16 de mayo de 2024 presentó renuncia a causa de los malos tratos de parte del encargado de Recursos Humanos, y se retiró de la empresa el 28 de junio de 2024, después de haber cumplido su preaviso.

Le prometieron que le pagarían su aguinaldo proporcional por lo que esperó hasta el mes de julio de 2024 sin que lo haya percibido.

Fue así que la encargada de la empresa le mostró detalles de datos sin facturar por G. 11 millones, por lo que la demandante se ofreció a ayudar a la nueva administradora porque esas facturas se podían recuperar.

El 8 de agosto de 2024 le llaman nuevamente de la empresa y le prepararon un pagaré por G. 13 millones que debía firmar la demandante si quería recibir su liquidación. El pagaré incluía facturas procesadas, pero que no se habían cobrado. Obviamente, no firmó el pagaré porque no reconoció que haya habido algún faltante de dinero por parte de la trabajadora, por lo que consideró injusto lo que pretendían.

Para el 13 de agosto de 2024, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social fijó una primera audiencia de conciliación entre la trabajadora y la patronal, pero estos últimos no acudieron a la cita. Tampoco los representantes de la empresa se presentaron a una segunda audiencia fijada para el 16 de agosto.

El 21 de agosto de 2024, la abogada Verónica Recalde, representante legal de la empresa, le exige a la trabajadora que se presente a cobrar su liquidación de su renuncia voluntaria. Empero, le señalan en el telegrama colacionado de un supuesto perjuicio económico ocasionado por la trabajadora que ya ascendía a G. 20.830.794, daño que fue rechazado por la misma como supuesta autora. Este encuentro no se realizó por ausencia de la encargada de Recursos Humanos.

La trabajadora que ya había iniciado la demanda laboral, señaló que el condicionamiento de suscribir un pagaré por un monto muy elevado y la retención de un descuento sobre los beneficios laborales que le adjudicaban por supuestos perjuicios, no solo carecían de eficacia alguna sino que era ilegal, señaló el escrito de demanda.

En el juicio laboral la trabajadora reclamó sueldo del mes de junio de 2024, vacaciones causadas, aguinaldo proporcional, indemnización compensatoria, por un total de G. 7.194.133, suma y conceptos que finalmente fueron admitidos por la patronal en el acuerdo conciliatorio.

Abg. Alba Mariela Giménez de Vera

Defensora pública en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Capital 0962 275278