Los días 26 y 27 de junio de 2025, la ciudad de Montevideo (Uruguay) acogió las reuniones del Comité Ejecutivo y del Consejo Directivo de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), desarrolladas en la Sala Constitución del Palacio de Justicia.

Durante ambas jornadas, se abordaron temas clave para el fortalecimiento del sistema regional de defensa pública, como la presentación de balances y memorias, el análisis del informe de cuotas, la vinculación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la OEA, y el impulso de la Academia de Capacitación Continua para Defensoras y Defensores Públicos Interamericanos (DPIs).

La agenda incluyó también:
* Incorporación de nuevos DPIs
* Estado actual de la Defensoría Pública del Ecuador
* Convocatoria al Cuerpo de DPIs 2025
* Fortalecimiento de la Red Interamericana de Defensa para Personas en Contexto de Movilidad Humana
* Edición del boletín de jurisprudencia
* Reconocimiento a nuevas autoridades de la DPP de Chile, ADEPU (Uruguay) y CONDEGE (Brasil)
* Propuestas de mejora en la comunicación institucional: actualización del sitio web y creación de una cuenta oficial de Instagram

En ese marco, se celebró además una reunión extraordinaria del Consejo Directivo para analizar una propuesta de reforma al artículo 21 del Estatuto de la AIDEF.

Las delegaciones participantes mantuvieron reuniones de alto nivel con la Sra. Carolina Cosse, Vicepresidenta del Uruguay, y el Sr. Jhon Pérez, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, en las que se destacó la necesidad de garantizar la independencia funcional y presupuestaria de las defensorías públicas, tanto en Uruguay como en otros países de la región, como el caso de Chile.

En representación del Ministerio de la Defensa Pública del Paraguay, participaron por parte de la Dirección General de Asuntos Internacionales y Cooperación del MDP, Francisco Hermosilla, y el Defensor Público Adrián Arévalos, en representación de la Asociación de Defensores Públicos del Paraguay (ADEPPY).

La activa participación de las y los representantes reafirma el compromiso regional con una defensa pública autónoma, fortalecida y alineada con los más altos estándares de protección de los derechos humanos en las Américas.