Luego de cuatro años bajo medidas de protección, una niña víctima de vulneración de sus derechos logró volver a vivir con su familia ampliada, en un proceso que priorizó su voz, bienestar emocional y derecho a crecer en un entorno familiar. El caso fue acompañado desde el inicio por la defensora pública, Blanca Valenzuela.

La intervención comenzó en 2021, tras confirmarse la vulneración de derechos de la niña cometido por el progenitor. Ante el riesgo, la defensora pública activó inmediatamente medidas de protección, incluyendo distintas guardas con familiares y, posteriormente, en un hogar de abrigo. Durante esos años, la niña recibió atención especializada, contención psicológica y un seguimiento continuo por parte de un equipo interdisciplinario comprometido con su bienestar.

Uno de los pilares del proceso fue la escucha activa. Conforme al artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y los principios establecidos en la Ley 6486/20, la niña pudo expresar su deseo de vivir con su abuela materna y su tía. Su opinión fue respetada y valorada en todas las instancias, cumpliéndose así el derecho a ser oída en los asuntos que le afectan directamente.

Durante todo el proceso, se fortaleció el vínculo afectivo con su familia ampliada, quienes también participaron en instancias de orientación y preparación para asumir la tutela. Tras rigurosas evaluaciones y con el acompañamiento profesional correspondiente, se concretó el reintegro familiar en un entorno seguro, afectivo y estable.

Este retorno no representa solo un cambio de lugar; es una restitución de derechos fundamentales. La medida se alinea con la Ley 6486/20, que promueve la desinstitucionalización progresiva de niñas, niños y adolescentes, asegurando su derecho a vivir y desarrollarse dentro de una familia.