El Defensor General, Prof. Dr. Javier Dejesús Esquivel González, junto con las Defensoras Públicas del Equipo Especializado en Defensa de los Pueblos Originarios, Analia Yinde y Fátima Paniagua, sostuvieron el 2 de diciembre una reunión de trabajo con el líder de la Comunidad Indígena Campo Agua’ẽ del Pueblo Ava Guaraní, Sr. Lucio Sosa.
El encuentro contó además con la participación del Abg. Javier Doldán, de la Dirección de Pueblos Indígenas de la institución, y tuvo por finalidad profundizar el conocimiento sobre la realidad actual de la comunidad, así como coordinar líneas de acción conjuntas que fortalezcan el acompañamiento estatal.
Durante la reunión se abordaron temas vinculados a las principales necesidades de la comunidad, especialmente aquellas relacionadas con el acceso a derechos fundamentales tales como tierra, salud, desarrollo comunitario y protección del entorno ambiental. En ese sentido, se analizaron posibles procesos de articulación con instituciones del Estado como el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, entre otros organismos que cumplen un rol clave en la garantía de derechos colectivos.
Asimismo, se puso especial énfasis en el Caso Internacional Nº 2552/2015 – Lucio Guillermo Sosa y Benito Oliveira Pereira y otros, en el cual el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas responsabilizó al Estado paraguayo por la violación de los artículos 17 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como del artículo 2, inciso 3, al constatar la falta de medidas para evitar actividades contaminantes ilegales que afectaban gravemente la vida comunitaria, y la ausencia de un recurso judicial efectivo para los miembros de la comunidad.
La reunión se llevó a cabo en el marco del compromiso institucional con la promoción y protección de los derechos de los pueblos originarios, así también con el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado y el fortalecimiento del acceso a la justicia, mediante un acompañamiento cercano, especializado y coordinado con las instituciones competentes. La representación del Ministerio de la Defensa Pública para este caso fue designada conforme a la Resolución D.G. Nº 1209/2025, emitida el 29 de julio de 2025.
