La defensora pública en lo Civil y Comercial de Caaguazú Abg. Zoraida Cañiza Ayala, obtuvo una sentencia favorable en un juicio para evitar el desalojo de un humilde agricultor, quien requirió la asistencia jurídica del Ministerio de la Defensa Pública (MDP) ante su insolvencia económica que patrocina en todos los fueros a las personas más vulnerables.

El caso del fallido desalojo

Un agricultor de la Colonia Guyraungua, Caaguazú, fue demandado por desalojo por su esposa de quien estaba separado desde hace unos 7 años aproximadamente. Sin embargo, la notificación de la demanda recibió una hija de este hombre, quien en su momento no pudo comunicar a su padre del inicio del mencionado juicio por lo que feneció el plazo para la contestación de su traslado.  

Una vecina del agricultor se enteró por medio de otras personas del inicio de la demanda de desalojo y se acercó hasta el domicilio del labriego para que éste solicite el auxilio judicial, a pesar del fenecimiento del plazo para contestar la demanda iniciada por su esposa, para así promover algunas excepciones en el juicio señalado.

Los antecedentes de este caso revelan que el agricultor al que identificamos con las siglas R. A., está casado con la demandante de quien está separado desde hace unos 7 años y tienen 5 hijos en común, criados en la propiedad de la que se pretende el desalojo. La finca afectada por el juicio pertenece al suegro del agricultor y durante el matrimonio construyeron una casa, hicieron muchas mejoras, introdujeron cultivos de plantaciones de mandioca, maíz, poroto y de igual manera, contaban con vacas lecheras que proveían de litros de leche de cuyo producto de la venta en la ciudad educaron a sus hijos.

Luego de unos años de haberse instalado la pareja en la propiedad cuestionada, falleció el suegro del agricultor y quedó como única heredera la esposa a quien se le adjudicó el lote de 7 Ha.

En su momento, de la conversación entre el agricultor y su esposa, había acordado para fraccionar la propiedad de tal manera que él seguiría explotando el lote para continuar ayudando a su familia con el producto del trabajo, ya que estaba en condiciones de hacerlo.

Pero el labriego quedó sorprendido cuando se enteró que su esposa, de quien estaba separado de hecho, le pedía que abandone su tierra. Como el agricultor no había contestado la demanda de desalojo fue declarado en rebeldía, pero él se presentó acompañado de la defensora pública Cañiza Ayala para promover varias acciones entre ellas la nulidad de la notificación, de la que resultó la Sentencia Definitiva (SD) N° 2 del 2 de febrero de 2026.

Juez argumentó que demanda no reunió requisitos formales

El juzgado en lo Civil y Comercial, Laboral del Tercer Turno de Caaguazú Abg. Francisco Luis Astigarraga Feltes, en la SD N° 2 no hizo a lugar la demanda de desalojo promovida por la aún esposa de A. R.  

El magistrado argumentó que el juicio de desalojo no prosperó porque no reunía los presupuestos para su viabilidad. Indicó que al iniciar la demanda, la demandante no integró el litigio con todas las partes afectadas. Además, no produjo pruebas sobre los hechos alegados en la demanda, y a la vez, no acreditó la titularidad del inmueble porque el juicio sucesorio no había concluido.

De igual manera, el juzgado sostuvo que la demandante no demostró en el juicio que el agricultor es un ocupante precario, como tampoco refutó la postura de éste quien alegó que la tierra que ocupaba tenía autorización de su antiguo dueño (su suegro fallecido). El juez asimismo evidenció que en la propiedad se introdujeron mejoras y que a pesar de la separación entre los cónyuges se requería otra forma de repartir los bienes que es a través de la disolución de la sociedad conyugal, que no existió.     

Defensora Pública de Caaguazú, Zoraida Cañiza Ayala 

Contacto: 0974 626 890