Todo comenzó en la comunidad indígena Piky Kua. Abel –nombre ficticio-, un joven de 16 años, se vio involucrado en un hecho trágico: una pelea cuerpo a cuerpo con su tío, que terminó con la muerte de este último. Tras el incidente, fue la propia comunidad quien entregó al joven a las autoridades.

La Intervención de la Defensora Pública Simona Castillo

Cuando el caso llegó al Juzgado Penal de la Adolescencia en Pedro Juan Caballero, la Abogada Simona Concepción Castillo López asumió la defensa pública de Abel. Su estrategia no fue simplemente negar los hechos, sino contextualizar la realidad del joven para buscar una medida humanitaria.

La defensora pública presentó pruebas cruciales ante la Jueza Liz Carolina Goncalves. Abel había sufrido un grave accidente de motocicleta que lo dejó un mes en terapia intensiva, resultando en lesiones cerebrales permanentes. Un diagnóstico médico confirmó que padecía un trastorno esquizofreniforme, lo que limitaba su capacidad de discernimiento y a través de un informe antropológico, la defensa destacó el arraigo del joven en su comunidad y el compromiso de su madre, para hacerse cargo de su tratamiento.

El Momento Decisivo: La Audiencia Preliminar

El 7 de noviembre de 2025, durante la audiencia preliminar, Simona Castillo solicitó la aplicación del Artículo 206 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Argumentó que el joven reconoció el hecho —el cual ocurrió tras un consumo accidental de alcohol que detonó su condición médica— y que la penitenciaria no era el lugar adecuado para su recuperación.

La Defensora solicitó la Suspensión de la Ejecución de la Condena, para que sea sometido a un tratamiento adecuado, responsabilizando para tal efecto a la madre.

El Resultado: Un Camino hacia la Sanación

Tras la labor de la Defensa Pública y la falta de oposición de la fiscalía representada por la Abg. Reinalda Palacios Jara, la Jueza dictó una sentencia equilibrada: Se declaró a Abel responsable del hecho, aunque se fijó una medida de dos años, su ejecución quedó suspendida a prueba y se ordenó su salida del Centro Educativo para que regresara a su hogar.

Para mantener su libertad, Abel ahora debe cumplir con obligaciones estrictas bajo la vigilancia de su madre; seguir un tratamiento psiquiátrico y psicológico en el Hospital Regional, residir en la Comunidad Indígena Piky Kua, abstenerse del consumo de alcohol y drogas y comparecer bimestralmente ante el Juzgado.

Defensora Pública de Pedro Juan Caballero, Simona Concepción Castillo López.

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