Un juzgado de Primera Instancia declaró nula una inhibición que pesaba sobre una persona, víctima de un proceso judicial por una supuesta deuda promovida por una empresa que falsificó la firma de la afectada.

 

Conforme a los antecedentes, en el año 2015, una firma comercial promovió un juicio contra una persona sobre preparación de la Acción Ejecutiva que se tramitó ante un Juzgado de Luque. El proceso estaba basado sobre un pagaré cuya firma y datos fue falseada y varias notificaciones que fueron realizadas en la dirección que no le pertenecen a la asistida.

 

La afectada tomó conocimiento del proceso cuando fue a solicitar la compra de un electrodoméstico a cuotas. La inhibición le generó una preocupación y empezó a investigar hasta dar con el motivo del proceso en el que estaba involucrada sin su conocimiento.

 

Eso le llevó a buscar asistencia en la sede de la Defensoría Pública de Luque y tomó intervención la defensora Silvana Castillo, quien interpuso de inmediato el incidente de nulidad y redargución de falsedad en tiempo y forma a tenor del plazo que permite el art. 191 del C.P.C.

 

Al mismo tiempo, presentó copia del prontuario policial en donde obra la firma de la defendida, la cual difiere en la grafía del pagaré presentado por la parte actora, a más de la copia del cuaderno de Investigación fiscal sobre producción de documentos no auténticos.

Además, las supuestas notificaciones figuran que fueron entregadas en una dirección, cuyas calles son paralelas.

 

La defensora pública, asimismo, comunicó al juzgado que la defendida es paciente con taquicardia supraventricular paroxística, siguió tratamiento en el Instituto San Jorge, y debido a la inhibición general de grabar y vender bienes no le permitieron sacar préstamos para la compra de Loop Recorder recomendado por mi médico tratante, y a ser colocado en una intervención quirúrgica.

 

En base a todo lo relatado, el juez Alexis Vallejos hizo lugar al recurso de apelación y declaró la nulidad de las actuaciones basadas en las notificaciones defectuosas.

 

Con esta representación, la defensora pública devolvió sus derechos vulnerados a una ciudadana perjudicada por un juicio injusto que afectó su vida.