María fue víctima de violencia física y psicológica en reiteradas ocasiones por parte de su ex pareja, con quien tiene una hija. La situación se manifestaba mediante conductas de persecución, vigilancia y hostigamiento constante. La víctima llegó a ver restringida su libertad de movimiento, incluso dentro de su domicilio, debido al control ejercido por el agresor, quien además irrumpía en la vivienda para agredirla física y psicológicamente. Ante estos hechos, ya había realizado varias denuncias.
Intervención de la Defensa Pública
El 25 de noviembre de 2025 acudió nuevamente al Ministerio de la Defensa Pública tras otro episodio de violencia. Fue atendida por la Defensora Pública especializada en la Ley 5777″De Protección Integral a las Mujeres, contra toda forma de violencia», Miryan Torales, quien comunicó el hecho al Juzgado de Paz y solicitó la remisión de los antecedentes al Ministerio Público. En esa instancia se otorgaron medidas de protección y se remitieron los antecedentes a la Fiscalía.
María solicitó el acompañamiento de la Defensoría Especializada en la Ley N.º 5777/16 luego de ser informada en el Juzgado de Paz sobre su derecho a contar con defensa especializada. Fue asesorada y patrocinada por la Defensora Pública Miryan Beatriz Torales Benítez. Intervinieron, además, la psicóloga de la Defensa Pública, Lic. Marisol Taboada, y la asistente social Lic. Lorena Negri, quien realizó el estudio socioambiental en el domicilio.
En el Juzgado de Paz, la Defensora comunicó el hecho, acompañó a la víctima y gestionó la obtención de medidas de protección, así como la remisión de antecedentes al Ministerio Público.
En el fuero penal, la Defensora intervino conforme a la Ley N.º 5777/16 y al Código Procesal Penal, aportando elementos probatorios, solicitando la imputación y la prisión preventiva del denunciado. También promovió la querella adhesiva, formuló acusación y asistió a la víctima en las audiencias.
La intervención se basó en que los hechos constituían violencia familiar, afectaban el derecho de la víctima a una vida libre de violencia y comprometían su integridad psicológica, con riesgo de agravamiento, en un contexto ocurrido dentro del domicilio y en presencia de su hija menor.
El denunciado fue condenado a 4 años de pena privativa de libertad, de cumplimiento inmediato, en juicio oral y público realizado el 5 de noviembre de 2025 en Caacupé, ante un Tribunal integrado por las juezas Cristel Muller, Angela Jara y Sandra Salinas.
Defensora Pública de Caacupé, Miryan Beatriz Torales Benítez.
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