La defensora pública Abg. Luz Mabel Chávez logró la devolución de casi G. 8 millones a favor de dos docentes del interior del país, víctimas de la denominada “mafia de los pagarés”, cuyos fondos se encontraban depositados en cuentas judiciales. Ambas demandas irregulares por cobro de guaraníes fueron extinguidas mediante la declaración de caducidad de instancia, tras verificarse seis meses de inactividad procesal. Los cheques correspondientes fueron entregados en la Contaduría General de los Tribunales, el lunes 11 de mayo de 2026.

Planteamientos procesales

Tras analizar los expedientes de ambas docentes, la defensora pública promovió el incidente de caducidad de instancia, previsto en el artículo 172 del Código Procesal Civil (CPC), que establece taxativamente: “Se operará la caducidad de instancia en toda clase de juicios cuando no se instare su curso dentro del plazo de seis meses”.

En sustento de la procedencia del incidente, también invocó lo dispuesto en el artículo 174 del mismo cuerpo legal, que señala: “No podrá cubrirse con diligencias o actos procesales con posterioridad al vencimiento del plazo, ni por acuerdo de partes”. Asimismo, en su presentación, recordó lo establecido en el artículo 175 del CPC, que dispone que la declaración de caducidad de instancia puede ser dictada de oficio o a petición de parte, como ocurrió en estos casos.

Docente asistida reside en el Chaco

Virginia Asunción Martínez Vda. de Rojas, docente de la localidad de General Díaz, en el Chaco paraguayo, ubicada a aproximadamente 800 kilómetros de la capital del país, obtuvo la devolución de G. 4.170.268, suma que se encontraba depositada en una cuenta judicial abierta en el marco de un juicio ejecutivo por cobro de guaraníes.

La docente fue beneficiada por resolución del Juzgado de Paz de Villa Morra, a cargo de la jueza Abg. Elvira Margarita Franco, que mediante Auto Interlocutorio (A.I.) N.º 640, de fecha 9 de abril de 2026, resolvió declarar la caducidad de instancia en la causa caratulada: “Gabriel Alejandro Lanzos Guerrero c/ Virginia Asunción Martínez Vda. de Rojas s/ acción preparatoria de juicio ejecutivo por G. 9.980.000”, correspondiente al año 2024.

El caso de la docente de Limpio

En el caso de Cindy Carolina Prieto González, docente que cumple funciones en la ciudad de Limpio, departamento Central, se logró la devolución de G. 3.494.486, monto que igualmente se encontraba depositado en una cuenta judicial abierta en el marco del expediente “Gestiones y Emprendimientos E.A.S. c/ Cindy Carolina Prieto González s/ acción preparatoria de juicio ejecutivo”, correspondiente al año 2024.

Al igual que en el caso anterior, el Juzgado de Paz a cargo de la magistrada Elvira Margarita Franco declaró la caducidad de instancia, al constatar la inactividad procesal durante el plazo legal de seis meses.

Entre ambas docentes, Virginia Asunción Martínez Vda. de Rojas y Cindy Carolina Prieto González recibieron la devolución judicial de G. 7.664.754.

Estas dos educadoras se suman a cientos de docentes, funcionarios públicos y otras personas que enfrentaron de manera irregular demandas por cobro de guaraníes. En estos casos, el acompañamiento jurídico del Ministerio de la Defensa Pública permitió la defensa efectiva de sus derechos, en cumplimiento de su misión institucional de garantizar acceso a la justicia, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad.

Defensora Pública de Asunción, Luz Mabel Chávez Silva 

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