En el marco de las acciones orientadas a fortalecer el acceso a la justicia de los pueblos indígenas, un equipo técnico del Ministerio de la Defensa Pública realizó un relevamiento en la Comunidad Indígena Tarumandymi, ubicada en la ciudad de Luque, el pasado 26 de junio, con el propósito de conocer, junto con la comunidad, los principales desafíos para el ejercicio efectivo de sus derechos y promover acciones de articulación interinstitucional que contribuyan a brindar una respuesta integral.

La actividad fue desarrollada por la Dirección General de Asuntos Internacionales y Cooperación, con el acompañamiento de la Dirección de Defensa de los Pueblos Indígenas, e incluyó reuniones con los líderes comunitarios y un recorrido por la comunidad para identificar aspectos vinculados al acceso a la justicia, la infraestructura comunitaria, el desarrollo productivo, la educación, la situación territorial y otros derechos fundamentales.

Actualmente, la Comunidad Indígena Tarumandymi está integrada por 264 personas distribuidas en 74 familias, de las cuales aproximadamente el 71 % corresponde a niños, niñas y adolescentes, realidad que pone de manifiesto la importancia de fortalecer las acciones dirigidas a garantizar sus derechos y ampliar las oportunidades de desarrollo.

Durante la jornada, la comunidad compartió diversas iniciativas que reflejan su organización y proyección de futuro. Entre ellas, destacó el proyecto de ampliación del Centro Comunitario para convertirlo en un espacio destinado al funcionamiento de un comedor escolar, así como a reuniones, capacitaciones y actividades comunitarias.

Asimismo, se identificó un importante potencial para el desarrollo económico local. La comunidad cuenta con quince personas certificadas como panaderos profesionales y dispone de un horno para la elaboración de productos panificados, lo que representa una oportunidad para impulsar un emprendimiento comunitario que contribuya a fortalecer la economía familiar mediante el acompañamiento de las instituciones competentes.

Durante el intercambio también se manifestó el interés de acceder a programas de capacitación en oficios, fortalecer la producción y la comercialización de artesanías y continuar avanzando en las gestiones relacionadas con la adjudicación de un inmueble en el distrito de Eusebio Ayala, proceso para el cual solicitaron acompañamiento jurídico especializado.

La información recabada permitirá orientar futuras acciones de cooperación y articulación entre las instituciones públicas competentes, desde el ámbito de sus respectivas atribuciones, con el propósito de contribuir a la eliminación de barreras que dificultan el ejercicio efectivo de los derechos de la comunidad, especialmente el acceso a la justicia.

Esta iniciativa forma parte del compromiso del Ministerio de la Defensa Pública con la promoción de un acceso a la justicia más cercano, inclusivo e intercultural, fortaleciendo la presencia institucional en los territorios y el trabajo conjunto con las comunidades indígenas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos.