Previo a la presentación de los recursos de nulidad y apelación contra la sentencia dictada en la Acción de Amparo Constitucional, el Defensor General, Prof. Dr. Javier Dejesús Esquivel González, junto con los defensores públicos intervinientes, mantuvo una reunión de trabajo con las siete personas jubiladas accionantes.
Durante el encuentro se realizó un análisis integral de los fundamentos de la resolución judicial y se definió la estrategia recursiva que será sometida a consideración del Tribunal de Apelación, con el objetivo de impugnar los aspectos considerados lesivos para los derechos fundamentales de las personas afectadas.
Entre los principales agravios que serán planteados en la apelación se destacan:
* La omisión de la sentencia de analizar la lesión constitucional derivada del incumplimiento de prestaciones previsionales de naturaleza alimentaria; la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de personas adultas mayores, en su condición de grupo sujeto a protección constitucional reforzada; y la contradicción del fallo al reconocer la existencia de una omisión lesiva, pero negar la tutela constitucional destinada precisamente a hacer cesar esa vulneración.
* La errónea exigencia de agotar la vía administrativa frente a una omisión de hecho expresamente reconocida por la propia demandada, así como la falta de consideración de que la jurisdicción contencioso-administrativa resulta objetivamente inidónea para obtener el cese inmediato de una lesión actual y continuada de derechos fundamentales, especialmente cuando están comprometidas prestaciones previsionales de naturaleza alimentaria correspondientes a personas adultas mayores.
* La incongruencia extra petita de la sentencia, al apartar el debate del examen de la vulneración de derechos fundamentales para centrarlo en la situación financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, otorgando relevancia jurídica decisiva a un supuesto estado de iliquidez que no constituía el objeto del proceso ni correspondía ser declarado o validado en el marco de una Acción de Amparo Constitucional.
Mediante esta actuación, el Ministerio de la Defensa Pública continúa impulsando todas las acciones legales previstas en el ordenamiento jurídico para la protección de los derechos fundamentales de las personas adultas mayores, promoviendo el acceso a una tutela judicial efectiva y la defensa de sus derechos.
