La rápida intervención de la Defensora Pública de la Niñez y la Adolescencia de Saltos del Guairá, Abg. María Magdalena Brítez Marín, permitió la activación de una medida cautelar de protección de urgencia para garantizar la asistencia y el retorno seguro de familias indígenas que permanecían en condiciones de extrema vulnerabilidad en la plaza ubicada frente a la Gobernación de Canindeyú.

La actuación se inició a partir de una solicitud presentada por la defensora pública ante el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia, con base en un informe elaborado por la CODENI, en el que se advertía la presencia de niños, niñas y adolescentes expuestos al frío, sin condiciones adecuadas de alimentación, higiene y resguardo.

Durante el procedimiento, la Defensora Pública estuvo acompañada por un equipo interdisciplinario de la institución integrado por la trabajadora social, Lic. Ruth Coronel; la psicóloga Rosana Villamayor; la médica forense, Dra. Angelina Da Cruz, y el asistente Edgar Martínez, quienes brindaron contención y asistencia a las familias. La médica forense atendió de manera inmediata a niños y niñas que presentaban cuadros gripales y febriles, mientras el resto del equipo acompañó el abordaje social y psicológico durante toda la intervención.

La medida fue ejecutada por el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia de Saltos del Guairá, a cargo de la magistrada Rut Contrera, con la participación de representantes del Programa de Atención Integral a la Niñez Indígena (PAINI) del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Como resultado del trabajo articulado, dos familias fueron trasladadas hasta la comunidad de Naranjito, departamento de San Pedro, para su reinserción comunitaria. Ante la imposibilidad del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia de disponer de movilidad suficiente para todos los traslados, la Defensa Pública también colaboró con los medios de transporte, permitiendo que las familias pudieran regresar de manera segura a sus comunidades de origen.

La intervención respondió al objetivo de garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes involucrados y restituir sus derechos mediante una acción coordinada entre las instituciones competentes, conforme a la medida cautelar solicitada por la Defensora Pública.

Defensora Pública de Salto del Guairá, María Magdalena Britez Marín 

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