La Defensora Pública Abg. Leyla Josefina Centurión, evitó el desalojo irregular de una ciudadana brasileña radicada en nuestro país hace 25 años. La misma tiene un hijo con problemas de salud y no tiene parientes en Paraguay y mantenía una confrontación con su esposo por supuesta violencia doméstica.
María Sofía (nombre ficticio), la mujer brasileña a quien intentaron desalojar irregularmente de su vivienda, en una entrevista expresó su agradecimiento por el excelente trato que recibió durante la tramitación de este juicio. “En la Defensoría Pública fui tratada con humanidad, me sentí segura, con mis derechos defendidos porque antes me sentía desprotegida como extranjera”, indicó.
La asistida reconoció que el juicio de desalojo le afectó muchísimo a ella y a su hijo adolescente con autismo, porque su casa era el único lugar que tenían para vivir.
“Tanto la defensora pública Leyla Centurión como su asistente Fanny Oliver me alentaron para que no decaiga, me orientaron jurídicamente y me hicieron sentir bien”.
La mujer dijo que el juicio de desalojo fue una jugada emocional para asustarle, para que se vaya, para que entregue todo, pero gracias a que presentaron todas las pruebas demostraron que la casa ya estaba pagada.
Los hechos refieren que el 16 de febrero de 2021 fue firmado un contrato de Compra-Venta de Inmueble por valor de US$ 170.000, haciendo entrega en ese acto la suma de US$ 10.000 y quedando el resto en 160 cuotas de US$ 1.000 mensuales. Este contrato fue firmado entre el vendedor de la propiedad E. C. M. a favor del esposo de la ciudadana brasileña identificado con las siglas V. B. A.
Posteriormente V.B.A. realizó una entrega de US$ 55.000 quedando un saldo pendiente de US$ 115.000, que igualmente sería abonado en 115 cuotas de US$ 1.000 mensuales.
Luego, el 3 de octubre de 2023 por escritura pública Nº 74 firmaron un contrato de Cesión de Derechos y Acciones el demandante de desalojo E. C. M. y el señor V.B.A., previa entrega de G. 350.000.000 a favor del propietario del inmueble ubicado en el Distrito de Santísima Trinidad, objeto de desalojo.
La señora, desde la firma del contrato de compra venta y cesión de derechos y acciones se ha encargado de pagar el impuesto inmobiliario con el condómino, ya que la propiedad se encuentra bajo esa figura, así como todos los demás servicios públicos y gastos que conlleva el cuidado y mantenimiento de la casa.
Tampoco es un dato menor que en fecha 24 de enero de 2025, su esposo V.B.A. fue excluido del hogar luego de ser denunciado por su cónyuge por hechos de violencia doméstica.
Luego de este impasse, María Sofía firmó un acuerdo en la Oficina de Mediación del Poder Judicial donde el señor V.B.A. se comprometía a seguir pagando las cuotas que se adeudaba por la vivienda familiar.
La señora tiene junto con su esposo un hijo en común de 14 años de edad, con discapacidad intelectual, diagnosticado con TEA (Trastorno del Espectro Autista), quien sigue con su tratamiento médico.
Desde el inicio de la demanda, la señora María Sofía sospechó de una complicidad entre su esposo y el dueño de la propiedad para desalojarla de la vivienda, aunque esto no fue confirmado judicialmente.
Por S.D. Nº 53 del 20 de noviembre de 2025 la asistida de la Defensa Pública obtuvo la inscripción de su matrimonio en el Registro Civil de las Personas de nuestro país, cuya unión se había celebrado en Río Grande do Sul, de la República Federativa del Brasil, el 3 de enero de 2003.
Finalmente, ante el cúmulo de pruebas que ofreció la defensora pública Leyla Centurión, E. C. M. desistió de su demanda de desalojo y en base a esta nueva posición jurídica, el juez Marcelo Tomás Rocholl Salinas, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Cuarto Turno de la Capital, resolvió tener por desistido al demandante del juicio que promovió contra la mujer.
Defensora Pública de Asunción, Leyla Josefina Centurion Giménez.
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