Cuando a Josefina-nombre ficticio- le diagnosticaron una enfermedad renal crónica, sus médicos indicaron un tratamiento que no podía interrumpirse. Entre los pedidos prescriptos se encontraba necesario un medicamento para controlar su enfermedad.

Sin embargo, al solicitar el medicamento al Instituto de Previsión Social (IPS), recibió una respuesta negativa. La institución argumentó que no cumplía con la antigüedad mínima de aportes establecida en sus reglamentaciones.

Ante esta situación, acudió a la sede de Katuete y de inmediato intervino el defensor público, Abg. Cristhian Daniel Larré Giménez, quien promovió un Amparo Constitucional, solicitando que se garantice el acceso al medicamento indicado por los profesionales médicos.

La Defensa Pública planteó que una exigencia administrativa no podía convertirse en un impedimento para acceder a un tratamiento necesario, especialmente cuando estaba comprometida la salud del paciente.

Durante el proceso, se dispuso una medida cautelar para que el IPS arbitre las medidas necesarias para proveer el medicamento, conforme a la indicación médica. La decisión permitió que Josefina pudiera continuar con el tratamiento, evitando que una cuestión administrativa interrumpiera un medicamento esencial para su salud.

La intervención del defensor Cristhian Larré permitió obtener una respuesta judicial que priorizó la protección de los derechos fundamentales del paciente y su acceso oportuno al tratamiento médico.

Defensor Público de Salto del Guairá, Cristhian Daniel Larre Giménez.

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