Valentina -nombre ficticio- tenía apenas dos años cuando la encontraron en situación de vulnerabilidad en Foz de Iguazú-Brasil. No hablaba, no tenía documentos y sus padres —paraguayos, con paradero desconocido y con orden de búsqueda, dictada por la Justicia de Paraguay, con pedido de colaboración a la Policía Nacional y a Interpol.
El juez de la Vara de la Infancia y la Juventud de Foz do Iguazú, al tomar conocimiento del caso, dictó una medida de protección con tutela de urgencia y ordenó su acogimiento institucional, mientras se resolvía su situación. Valentina quedó bajo el cuidado del Servicio de Acogimiento en Familia Acogedora de la Asociación Fraternidad y Alianza, en Foz de Iguazú.
La defensora pública de la Niñez y la Adolescencia en Caacupé Lorena Ledesma, fue quien recibió los informes remitidos desde Brasil y entendió que la vida de una niña paraguaya, al otro lado del río, estaba pendiente de una firma. No se limitó a tomar nota: escribió al juzgado, reconstruyó la cadena de hechos, y pidió con claridad que se avanzara con la guarda y con el regreso de Valentina a su país.
La Dirección General de Cuidados Alternativos (DICUIDA) dependiente del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia había propuesto ya una familia acogedora, un matrimonio de Atyrá que se presentó a la audiencia dispuesto a hacerse cargo. El informe social marcó algunas observaciones —el espacio de la vivienda, compartido con actividades comerciales— pero también reconoció la voluntad y las condiciones económicas y familiares para sostener la guarda.
Con ese cuadro, y con el impulso del pedido de Ledesma, la jueza que dictó la resolución Josefina Mercedes Cuéllar de Caacupé resolvió en agosto, la guarda provisoria a favor del matrimonio, seguimiento cada seis meses en el juzgado, y una instrucción clave para destrabar el nudo internacional del expediente — que la DICUIDA, junto al Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinará directamente con las autoridades brasileñas el regreso seguro de la niña. La resolución fue explícita en algo que la defensora había señalado, el retorno no podía ser un acto unilateral paraguayo, tenía que tejerse entre los dos países, respetando lo que ya había decidido la Justicia brasileña.
Semanas después, en Foz do Iguazú, el juez confirmó que las autoridades paraguayas ya habían hecho su parte: familia designada, organismo responsable identificado, articulación en marcha, con eso alcanzaba. El 3 de septiembre se determinó el destino de Valentina, con fecha tentativa de traslado para el 9 o el 10 de ese mes, y dejó la coordinación operativa en manos de la DICUIDA.
No fue una entrega ni una decisión apresurada. Fue el cierre de un trabajo que empezó con una defensora pública leyendo informes y decidiendo que la nena no podía quedar esperando indefinidamente en un país que no era el suyo. Entre un juzgado y otro, entre Foz de Iguazú y Caacupé, Valentina volvió a tener un lugar donde su guarda ya no dependía de una búsqueda, sino de una familia que la estaba esperando.
Defensora Pública de Caacupé, Lorena María Ester Ledesma Figueredo.
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