En Filadelfia, una causa iniciada en el año 2002 seguía abierta por más de veinte años, por lo que el caso fue intervenido por la defensora pública, Jessica Magnicaballi, quien solicitó la extinción de la acción penal de su asistido, un hombre indígena perteneciente al Pueblo Ayoreo, de la Comunidad Campo Loro, la cual forma parte de la Familia Lingüística Zamuco. 

El caso atendido por la Defensa Pública se trataba de un proceso por supuesto hurto, pero con el paso de los años, la situación de “Rigoberto”(nombre ficticio) había cambiado: ya era un trabajador, no registraba antecedentes penales ni judiciales y aquella causa seguía formando parte de su historia.

Durante la audiencia preliminar, la defensora pública Jessica Magnicaballi, en representación de “Rigoberto”, planteó la extinción de la acción penal. Su argumento fue concreto: había transcurrido ampliamente el plazo previsto por la ley, incluso superando el doble del plazo de prescripción correspondiente.

En el expediente también constaba un informe sobre la pertenencia del hombre al Pueblo Ayoreo y las particularidades culturales relacionadas con el hecho investigado. El Perito de la Defensa Pública, Aníbal Valdéz señaló, además, que, en relación al hecho de hurto, se debe entender que la mayoría de los ayoreos tienen aún escasa interacción con la sociedad y vienen de otro sistema económico social, donde los bienes de consumo se utilizan y dividen entre todos los miembros comunitarios, por lo que la propiedad privada es un criterio poco comprendido y tienden a incurrir en estos tipos de hechos como una forma de error culturalmente condicionado.

La Fiscalía, luego de considerar el tiempo transcurrido y las actuaciones realizadas durante esos años, se allanó al pedido de la defensa por lo que el Juzgado finalmente hizo lugar al planteamiento de la defensora pública.

Asimismo, declaró extinguida la acción penal, dispuso el sobreseimiento definitivo de “Rigoberto” y ordenó el archivo de la causa. También estableció el cese de las medidas cautelares que pesaban sobre él y dejó constancia de que el proceso no afectaba su buen nombre y honor.

Así, una causa que había comenzado en 2002 llegó finalmente a su cierre. La intervención de la Defensa Pública permitió solucionar un problema que el paso del tiempo había vuelto imposible ignorar: una persona no puede permanecer indefinidamente vinculada a un proceso penal cuando la propia ley establece que la acción ya se encuentra extinguida.

Defensora Pública de Filadelfia, Jessica Magnicaballi.

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