La Defensora Pública, Abg. Marta Beatriz Ayala Franco obtuvo una acción de amparo favorable que benefició a una persona mayor de la tercera edad con múltiples enfermedades, y en consecuencia la Cámara de Apelaciones ordenó a la ANDE la reposición de la energía eléctrica para la vivienda. La abogada hizo prevalecer el principio pro homine (a favor de la persona) para la protección de sus derechos humanos fundamentales. 

La acción de amparo constitucional fue promovida por el señor O. E. D, una persona de avanzada edad, con múltiples enfermedades, a raíz del retiro del medidor y la interrupción del suministro eléctrico en el inmueble en el que residía. Según lo informado por la ANDE, el retiro del medidor obedeció a la solicitud de baja atribuida al propietario del inmueble, titular del contrato de suministro, quién no es el amparista. 

La casa se encontraba habitada por el amparista, una persona adulta mayor que, según lo manifestado por él mismo, está bajo el cuidado de su familia; asimismo, reclamó explicaciones a la institución estatal y el inmediato restablecimiento del suministro de energía eléctrica mediante nota fechada el 9 de octubre de 2026, pero no se constató respuesta alguna. 

La apelación fue tramitada contra la resolución de un juzgado que dictó la S.D. N.º 156 de fecha 19 de octubre de 2026, por la cual resolvió no hacer lugar al amparo, al considerar que la actuación de la ANDE encontraba justificación en la solicitud de baja del suministro y que la controversia debía canalizarse por otra vía. 

Principio pro homine

Por su parte, el accionante denunció que la interrupción del servicio afectaba sus condiciones de vida, atendiendo especialmente a su condición de persona adulta mayor y a su situación de salud, circunstancias que motivaron el planteamiento de la tutela constitucional.

La defensora Marta Ayala resaltó en su apelación la importancia del principio pro homine, que exige interpretar las normas de la manera más favorable a la protección de los derechos humanos, dentro de las alternativas jurídicamente admisibles. Este principio no autoriza a desconocer la ley ni a dejar de lado las facultades de la institución, sino que exige que su aplicación no pierda de vista a la persona y las consecuencias concretas que dicha actuación pueda incurrir. 

El agravio no se dirige contra la existencia o no del artículo 112 de la Ley N.º 966/64 Orgánica de la ANDE ni contra las facultades legalmente atribuidas. Se dirige contra la insuficiencia del análisis realizado en primera instancia, que consideró suficiente la solicitud de baja atribuida al titular contractual sin desarrollar una ponderación adecuada de la situación del accionante, de su condición de vulnerabilidad, de los derechos fundamentales comprometidos, de las posibles alternativas para acceder al servicio y de la urgencia de la protección solicitada.

Deuda no fue demostrada

Otro aspecto que destacó la defensora en su apelación fue que desconocía el motivo del retiro del medidor. La inexistencia de una deuda conocida que explicara la medida era una circunstancia que merecía ser considerada, pues una deuda pendiente habría constituido, al menos, una posible explicación de la actuación, sin que ello signifique que necesariamente justificara el retiro en las condiciones cuestionadas.

Normas de protección invocadas

La defensora pública explicó que el amparo encuentra sustento en la Constitución Nacional, en su artículo 57, que reconoce el derecho de las personas adultas mayores a una protección integral. En el mismo sentido, la Ley N.º 1885/2002 establece que sus disposiciones deben interpretarse en interés de las personas de la tercera edad. A ello se suma la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por Paraguay mediante la Ley N.º 7600/2025, que contempla la protección de su dignidad y el acceso efectivo a la justicia.

Camaristas acogieron argumentos de defensora

En cuando al análisis de la apelación promovida por la defensora pública, las camaristas Nidia Fernández de Cattebeke (primera opinante), Fátima Carolina Acuña y Noelia Martínez Cantero, de la Circunscripción Judicial de Central, de forma unánime, hicieron lugar a las argumentaciones de la apelante, y a través del Acuerdo y Sentencia Nº 91 del 30 de octubre de 2026 revocaron la SD de primera instancia que había rechazado la acción.  

Las magistradas sostuvieron que el Estado tiene la obligación de asegurar la prestación del servicio de energía eléctrica, como parte de un piso de derechos mínimos que tiene que garantizar a toda la población, y con mayor razón cuando el servicio en cuestión es prestado por un ente estatal, como lo es la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), sobre todo cuando quien resulta afectado es una persona adulta mayor. 

De igual manera, las camaristas sentenciaron que el retiro del medidor fue un acto manifiestamente ilegítimo que ha lesionado los derechos garantizados a la parte actora como ocupante del inmueble afectado.

Argumentaron que, sin lugar a dudas, actualmente la energía eléctrica es una necesidad básica insustituible y forma parte de los derechos humanos de tipo económico y social. Por otra parte, en el artículo 176 de la Constitución se establece que la política económica tendrá como fines, fundamentalmente, la promoción del desarrollo económico, social y cultural, y que el Estado promoverá el desarrollo mediante la utilización racional de los recursos para, entre otros, asegurar el bienestar de la población, indicaron las magistradas.

Contacto: Def. Pub. Abg. Marta Ayala Franco.

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