En el marco de la Jornada de Asistencia Integral dirigida a las familias de la Comunidad Indígena Tarumandymi, del pueblo Mby’a Guaraní, realizada a inicios del mes de diciembre, con la presencia del Defensor General, Prof. Dr. Javier Dejesús Esquivel González, se logró un avance fundamental: el restablecimiento del servicio de provisión de agua potable para la comunidad.

En dicha oportunidad, los líderes comunitarios manifestaron la urgente necesidad de restablecer el acceso al agua potable, señalando que llevaban más de 30 días sin el vital líquido, situación que afectaba especialmente a aproximadamente 200 niños y a varios adultos. Ante esta grave problemática, solicitaron la intervención del Defensor General a fin de colaborar en la búsqueda de una solución inmediata.

A partir de ello, la Defensora Pública Patricia Chamorro, de la Defensoría de Luque, y el Abg. Javier Doldán, de la Dirección de Defensa de Pueblos Indígenas, iniciaron gestiones interinstitucionales en representación de la Comunidad Tarumandymi, articulando acciones de carácter urgente ante la vulneración de un derecho humano fundamental, como es el acceso al agua potable.

Para la pronta solución de la problemática fueron involucradas diversas instituciones, entre ellas representantes del INDI, ERSAN, SENASA, la Junta de Saneamiento local, el MINNA, una empresa aguatera privada y el Ministerio de la Defensa Pública.

Por autodeterminación de la comunidad indígena, a través de su Aty Guasú, se resolvió acceder a la provisión de agua potable mediante una empresa privada aguatera cercana, sin que ello represente un impacto económico significativo para la comunidad. Esta decisión se formalizó mediante la firma de un acta contrato de provisión de agua potable, suspendiéndose la vinculación con la Junta de Saneamiento responsable de la situación crítica.

Todo el proceso fue debidamente documentado y registrado, con la participación y firma de los representantes de todas las instituciones involucradas.

El Ministerio de la Defensa Pública reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo acciones en defensa de los derechos humanos, especialmente de los sectores más vulnerables de la República, garantizando el acceso a servicios esenciales y el efectivo acceso a la justicia.