Lucila tiene 30 años, es trabajadora independiente, y vive en el interior del país. Ella fue acusada de ser cómplice de la comisión de un hecho punible que incluía como autores principales a dos hombres. El supuesto hecho tuvo como desenlace, la muerte de una de las víctimas.

En juicio oral y público, la representación jurídica de Lucila fue ejercida por el defensor público, Amado Alvarenga, quien luego de interiorizarse del caso, se percató que existían irregularidades dentro del proceso penal llevado a cabo, por lo que consideró que las actuaciones debían ser nulas.

El defensor presentó ante el tribunal, incidentes de nulidad de actuaciones y el sobreseimiento definitivo previos a la apertura del juicio oral y público, ya que su asistida fue sindicada inicialmente como cómplice del supuesto hecho punible investigado, luego de que un informe de una compañía telefónica indicará que el chip que se encontraba a nombre de Lucila, sea introducido en uno de los celulares robados.

Sin embargo, en la acusación y elevación de la causa a juicio oral y público, la circunstancia cambió, la sindicaron como coautora del supuesto hecho, sin darle la oportunidad del derecho a la defensa mediante una declaración indagatoria oportuna y al no informarle acerca de los medios de prueba colectados en la etapa investigativa en su contra.

Ya que lo ocurrido causaba indefensión para la asistida, el tribunal hizo lugar al incidente de nulidad de actuaciones y en consecuencia sobreseyó definitivamente a todos los acusados, pero el Ministerio Público apeló la resolución y el tribunal de apelación competente, resolvió confirmar el fallo impugnado con relación a Lucila y revocar parcialmente la decisión contra los demás acusados y ordenó el reenvío de la causa, para la sustanciación del juicio oral y público por otro tribunal de sentencia.

Defensor Público Penal de la ciudad de Horqueta, Amado José Alvarenga.

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