Benjamín, Gerardo y Cristóbal son amigos desde hace años. El primero se dedica a la albañilería, el segundo es de profesión carpintero y el último es jornalero. Los tres viven en un pequeño distrito del departamento de Amambay.

Una noche de enero de 2020, los tres amigos fueron detenidos por la policía y acusados por la supuesta comisión de un hecho punible. Posterior a ello, en febrero del mismo año, fue formulada el acta de imputación y en ese momento, por resolución fiscal, se dispuso la detención de Benjamín, Gerardo y Cristóbal en la comisaría de la zona.

Días después, el juez de garantías recibió el acta de imputación y emplazó a los imputados por el plazo de 24 horas para que designen un abogado que los represente, -es decir, 35 días después de la aprehensión, los hombres aún no contaban con un profesional que defienda sus derechos-.

Ya en el mes de marzo, los detenidos se presentaron ante el Juez Penal de Garantías para ser oídos y para la audiencia de imposición de medidas, transcurridos 44 días sin que fueran puestos a disposición de los magistrados competentes. Ya en juicio oral y público, la defensora, Gladys Escobar –quien tomó el caso- planteó incidente de nulidad de actuaciones expresando que no se respetaron los plazos procesales contemplados en la Constitución Nacional.

Considerando que los actos no fueron cumplidos en condiciones establecidas por la CN, y correspondían a una violación de los derechos procesales y garantías previstas por la ley, el Tribunal de Sentencias, hizo lugar al incidente de nulidad absoluta, la extinción de acción penal y ordenó el sobreseimiento definitivo de los asistidos, levantó las medidas cautelares en contra de ellos y ordenó la inmediata libertad de los 3 hombres, luego de estar privados de libertad durante 4 años.  

Defensora Pública Penal, Gladys Escobar.

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