Una mujer acudió al sistema de justicia tras haber sido víctima de violencia física y psicológica por parte de su expareja, con quien tiene un hijo en común. Ante esta situación, decidió presentar querella adhesiva el 24 de octubre de 2025 con el patrocinio de la Defensora Pública Especializada en Violencia contra la Mujer de la Capital, Antonella Saint Paul.
El hecho denunciado ocurrió el 3 de marzo de 2024 en el interior de un bar ubicado en el centro de Asunción, en presencia de numerosas personas. Aquella madrugada, la mujer fue sacada del lugar por la fuerza por su expareja, lo que derivó en agresiones físicas que posteriormente quedaron registradas en informes médicos.
El acompañamiento desde la Defensa Pública
Desde el inicio del proceso, la defensora pública Saint Paul asumió la representación de la víctima como querellante adhesiva. Su intervención permitió impulsar la causa dentro del proceso penal, acompañando a la denunciante y sosteniendo la acusación con los elementos reunidos durante la investigación.
Durante la audiencia preliminar, la defensora se ratificó en la acusación presentada y en las pruebas ofrecidas, señalando que los elementos reunidos —entre ellos informes médicos, psicológicos, testimonios y registros audiovisuales— respaldan la participación del acusado en el hecho investigado.
La audiencia que marcó un nuevo paso en la causa
El 16 de febrero de 2026 se realizó la audiencia preliminar ante el Juzgado Penal de Garantías N.º 1 de la Capital. En esa instancia participaron el Ministerio Público, la defensa técnica del acusado, la querella adhesiva representada por la defensora pública Antonella Saint Paul y la denunciante.
Tras analizar el requerimiento fiscal, los fundamentos de la querella y los elementos probatorios presentados, el juzgado penal de garantías resolvió admitir la acusación y ordenar la elevación de la causa a juicio oral y público por el hecho punible de violencia familiar.
El caso rumbo al juicio oral
Con esta decisión judicial, el proceso avanza a la etapa en la que las partes podrán debatir las pruebas y los hechos ante un Tribunal de Sentencia. Allí se determinará la responsabilidad penal del acusado por el hecho de violencia familiar previsto en el artículo 229 del Código Penal y su modificatoria por la Ley 6934/22.
La actuación de la defensora pública Antonella Saint Paul fue clave para sostener la participación de la víctima en el proceso y para que la causa llegue a esta instancia judicial, donde se analizarán en profundidad los hechos denunciados.