En el diálogo constructivo de Paraguay ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas, en su 93.º período de sesiones, el Defensor General, Prof. Dr. Javier Esquivel González, expuso el trabajo del Ministerio de la Defensa Pública con datos verificables y asumió compromisos medibles para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres y niñas como sujetas de derechos.

Este diálogo se dio en días de profundo dolor para el país por nuevos feminicidios. La Defensa Pública acompaña a las familias y reafirma que cada compromiso asumido ante el Comité se mide en Paraguay, en cada mujer que llega a sus defensorías.

«Lo que no se nombra no se ve, y lo que no se ve no se protege», afirmó el Defensor General.

• Mujeres privadas de libertad: Al 31 de agosto de 2026, la Defensa Pública asistía a 2.019 mujeres imputadas, 632 de ellas en prisión preventiva; 402 se encontraban aún en la etapa inicial del proceso. Entre 2021 y noviembre de 2024, la intervención de la Defensa Pública permitió obtener 921 libertades. La institución se comprometió a revisar individualmente cada situación de prisión preventiva, priorizando a madres con hijos e hijas dependientes y a mujeres imputadas por delitos menores de drogas, para solicitar medidas alternativas conforme a las Reglas de Bangkok.
• Niñas frente a la trata y la explotación: En las 29 causas de trata, explotación sexual y explotación laboral en que intervienen las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia, el 86 % de las víctimas son niñas y adolescentes mujeres. Las Defensorías las representan en los procesos de protección, incluso frente a sus propios padres o cuidadores cuando sus intereses se contraponen.
• Datos que visibilizan: La Defensa Pública se comprometió a fortalecer dos áreas clave: la estadística, a cargo del Sistema de Indicadores de Acceso a la Justicia (SIAJ), y la de tecnologías de la información y comunicación (TIC). El objetivo es alcanzar mayores niveles de desagregación de los datos. Se incorporarán el criadazgo como categoría propia, la maternidad y los hijos e hijas dependientes, la discapacidad, la afrodescendencia, la pertenencia indígena, la lengua de la persona asistida y el resultado de cada causa, para que ninguna forma de discriminación contra la mujer quede invisible.
• Formación que transforma: Entre 2024 y 2026, la Defensa Pública capacitó a 1.190 defensoras, defensores y funcionarios con la Convención como eje, incluido el Diplomado en Justicia e Igualdad, impulsado con la AECID y el CEJ. Sus defensoras especializadas también forman a otros actores: en 2026 capacitaron a más de 200 aspirantes de la Policía Nacional. La institución se comprometió a que la CEDAW y las recomendaciones del Comité estén presentes en cada escrito y en cada audiencia, y a incorporar la formación en el modelo de apoyos de la Ley N.º 7371/2025 para todas sus defensorías.
• Autonomía de las mujeres con discapacidad: Con la Ley N.º 7371/2025, la Defensa Pública acompaña a las personas con discapacidad para que decidan con apoyos y sin interdicción. Este modelo garantiza que las decisiones sobre la propia vida, el cuerpo y la maternidad pertenezcan a cada mujer.
• Alimentos que se cumplen: La Defensa Pública tramita 13.245 causas de asistencia alimentaria. En 4.992 de ellas son madres que reclaman lo que corresponde a sus hijos e hijas, y 305 son causas de alimentos prenatales. Se comprometió a solicitar la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) en cada causa con deuda, para medir el cumplimiento efectivo y no solo la sentencia.
• Diversidad: El Protocolo de Atención para Personas LGTBI (Resolución D.G. N.º 1287/2020), vigente y de cumplimiento obligatorio, garantiza una atención libre de discriminación en todas las sedes. Desde su entrada en vigor, la Defensa Pública atendió a 308 personas del colectivo.
• Justicia en el territorio: El Defensor General presentó Más Paraguay, el modelo de gestión territorial ganador de Innovadores Públicos 2026 (PNUD y BID). Fue co-creado con la comunidad Mbyá Guaraní de Tarumandymi y está diseñado para replicarse en todo el país con mujeres indígenas, rurales, afrodescendientes, con discapacidad, migrantes y mayores, mujeres en contextos de encierro, mujeres y niñas institucionalizadas y personas LGBTI. A esta línea se suma el futuro Plan Nacional de Acceso a la Justicia, el primero del país, que convierte las recomendaciones de los órganos de tratados en líneas de acción con indicadores. Ambas iniciativas incorporarán directamente las observaciones finales del Comité.

El Defensor General señaló que las observaciones finales de la CEDAW serán la hoja de ruta de la institución.

Si sos víctima de violencia, la Defensa Pública te brinda asistencia jurídica gratuita a través de sus 22 unidades especializadas en todo el país. Llamá al 133 para recibir orientación y ser atendida por el defensor público correspondiente.