Siete personas afiliadas a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, con el patrocinio jurídico del Ministerio de la Defensa Pública (MDP), promovieron este viernes 17 de julio una acción de amparo constitucional por presunta lesión omisiva. Los accionantes denuncian que no perciben sus haberes en tiempo y forma, situación que les impide llevar una vida digna, en contravención a los derechos consagrados en la Constitución Nacional, los tratados internacionales sobre derechos humanos y las acordadas de la Corte Suprema de Justicia que establecen una tutela reforzada para las personas adultas mayores.
La acción de amparo cuenta con el patrocinio del Defensor General, Prof. Dr. Javier Dejesús Esquivel González, en su carácter de titular del Ministerio de la Defensa Pública. Asimismo, acompaña la presentación la Defensora Adjunta en lo Laboral y Contencioso Administrativo e interina en lo Penal, Dra. Nancy Amarilla Guirland. La acción está dirigida contra la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal.
Igualmente, el amparo, promovido por derecho propio por los accionantes, fue patrocinado por los defensores públicos María de Lourdes Benítez de Almirón, Antonia Luz María Genez Sostoa, Rafael Antonio Leiva Falcón, Marie Carol Calderoli y Alba Mariela Giménez de Vera.
MDP tutela los derechos de personas en situación de vulnerabilidad
La Defensora Adjunta Nancy Amarilla Guirland manifestó, en sede del Poder Judicial, que el Ministerio de la Defensa Pública acompaña a un grupo de personas adultas mayores que, por derecho propio y con patrocinio institucional, reclaman una presunta omisión que vulnera sus derechos fundamentales, particularmente los vinculados a la alimentación y a la seguridad social.
«El Ministerio de la Defensa Pública tiene la función de garantizar una defensa técnica, gratuita y efectiva. Asimismo, su misión central es promover el acceso efectivo a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad, como ocurre en este caso, donde nos encontramos ante adultos mayores que cuentan con una protección reforzada por parte del ordenamiento jurídico», expresó.
La Dra. Amarilla explicó que la acción está dirigida contra la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal y que los siete accionantes solicitan el restablecimiento de sus derechos fundamentales, presuntamente vulnerados por la demora sistemática en el pago de sus jubilaciones.
Indicó además que, conforme a la documentación presentada por los jubilados ante la Defensoría Pública, se trata de una problemática histórica que se viene registrando desde hace varios años, durante los cuales los haberes fueron abonados de manera tardía, motivo por el cual solicitan el pleno restablecimiento de sus derechos.
Fundamentos jurídicos del amparo
La acción se sustenta en las disposiciones de la Constitución Nacional, los tratados internacionales sobre derechos humanos y las Acordadas N.º 633/2010 y N.º 1024/2015 de la Corte Suprema de Justicia, que establecen mecanismos de protección especial para las personas adultas mayores y las personas con discapacidad.
En el escrito de amparo, los accionantes sostienen que la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal les ha negado el acceso oportuno a prestaciones que constituyen el resultado de toda una vida de trabajo y de los aportes realizados al sistema previsional, sobre cuya percepción legítimamente fundaron la expectativa de transitar la vejez con seguridad económica, autonomía y dignidad.
Asimismo, afirman que la omisión administrativa cuestionada constituye una conducta continuada que priva de eficacia real a prestaciones jubilatorias de naturaleza alimentaria, incorporadas válidamente a su patrimonio jurídico, comprometiendo de manera directa la satisfacción de sus necesidades básicas y el ejercicio efectivo de otros derechos fundamentales estrechamente vinculados con la vida, la salud, la integridad personal y la dignidad humana.
Jubilado agradeció el acompañamiento del MDP
El jubilado municipal Pedro Benítez Aldana agradeció al Ministerio de la Defensa Pública por brindar el patrocinio jurídico para la promoción del amparo constitucional.
Según indicó, existen 2.510 jubilados municipales que enfrentan retrasos en el cobro de sus haberes, situación que afecta gravemente su calidad de vida. “Hay muchos compañeros que ya tienen hambre; no tienen para comer ni para comprar sus medicamentos. El Ministerio de la Defensa Pública representa un apoyo muy importante del Estado y no vamos a detenernos hasta llegar, si es necesario, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos», manifestó.
Los accionantes
Los siete jubilados que promovieron la acción de amparo constitucional son:
Nury Elizabeth Irala Rivas.
Rita Ramona Duarte Servián.
Reinaldo Medina Méndez.
Manuel Alberto Pujol González.
César Ramón Vera Fariña.
Ramón Agustín Chamorro.
Pedro Benítez Aldana.
Tras la presentación de la acción en la Dirección General de Garantías Constitucionales, el expediente fue sorteado y quedó a cargo del juez Alfredo Barrios Jara, del Juzgado Civil del 5.º Turno, Secretaría N.º 9 de la Capital.
