La Defensora Pública Especializada en la ley 5777/16, Antonella Saint Paul, en representación de su asistida, Perla López, una mujer víctima de violencia familiar, interpuso un recurso de casación contra la resolución A.I. N.º 300 del 15 de julio de 2021, dictada por el Tribunal de Apelaciones, Primera Sala de la Capital y obtuvo resolución favorable de la Corte Suprema de Justicia.

El fallo, A.I. 425 del 3 de septiembre de 2024, se dictó en el expediente caratulado: «Recurso extraordinario de casación en S.S.A s/ Violencia Familiar», el cual fue interpuesto por la Defensora Pública y el Ministerio Público, representado por la Agente Fiscal, Susana González Ríos.

En la resolución A.I. N.º 300, el Tribunal revocó el auto de apertura a juicio oral y público y otorgó el sobreseimiento definitivo a favor del procesado, decisión que tanto la defensa pública como el Ministerio Público, cuestionaron. En sus argumentos señalaron que el Tribunal de Apelaciones violó el inciso 3 del artículo 478 del Código Procesal Penal (CPP) al dictar un fallo que revocaba la apertura del juicio oral y público, resolviendo el sobreseimiento definitivo del hombre. Señalaron que esta decisión atentaba contra lo establecido en el artículo 461 del CPP, que establece que el auto de apertura a juicio es irrecurrible.

Uno de los fundamentos del sobreseimiento definitivo, fue una supuesta incongruencia de fechas, ya que se acusó al señor Sala Acosta por hechos ocurridos el 1 de junio de 2020, pero en la indagatoria se mencionaban sucesos del 3 de junio de 2020. La Agente Fiscal, en su escrito de casación, citó como motivo el establecido en el artículo 478, inciso 3, del CPP, y solicitó la nulidad de la resolución recurrida.

También señaló que el fallo del Tribunal de Apelaciones resultaba infundado y arbitrario, generando una falta de seguridad jurídica, ya que el mismo tribunal, en otro caso, había declarado inadmisible el estudio del auto de apertura a juicio. Además, mencionó que el Tribunal dictó la nulidad del A.I. N.º 833 del 6 de mayo de 2021 con argumentos contradictorios.

Por su parte, la asistida Perla López, bajo el patrocinio de la defensora pública, también solicitó la nulidad de la resolución recurrida y argumentó que el Tribunal de Apelaciones se extralimitó en sus funciones al estudiar una resolución que no era recurrible, y concedió un sobreseimiento definitivo sin fundamentación adecuada. Asimismo, señaló que se omitió el uso de la perspectiva de género, una herramienta esencial en casos de violencia familiar como el que se encontraba en discusión.

Finalmente, la Corte Suprema resolvió hacer lugar al recurso de casación y, en consecuencia, anular el A.I. N.º 300 del 15 de julio de 2021, dictado por el Tribunal de Apelaciones, Primera Sala de la Capital además confirmar el A.I. N.º 833 del 6 de mayo de 2021, dictado por el Juez Penal de Garantías Mirko Vallinotti, y ordenar la inmediata continuación de los trámites para la elevación a juicio oral y público.

Defensora Pública Especializada en la Ley 5777/16, Antonella Saint Paul.

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