Esta historia demuestra que la labor de una Defensora Pública constituye un puente entre la celda y la sociedad. Rosana fue condenada a cinco años de pena privativa de libertad en una causa por tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes, en el año 2023. La representación técnica tras su condena fue asumida por la defensora pública Cinthia Fleitas, cuando la asistida se encontraba recluida en la Penitenciaría de Mujeres “Casa del Buen Pastor”, donde cumplió la mayor parte de su condena.

Con indicadores de buena conducta, en junio de 2025 el Juzgado promovió su período de prueba, otorgándole salidas transitorias por 48 horas, sujetas a obligaciones y reglas de conducta. Sin embargo, la Abg. Fleitas fue un paso más allá. El último documento presentado en el marco de su intervención evidenció su compromiso con el bienestar de su defendida: solicitó una excepcionalidad de 72 horas de salida transitoria para Rosana, además de su incorporación al Programa de Asesoría de Prueba en Casa Centro (OAP), bajo la supervisión de una asesora de prueba, con el objetivo de dar continuidad a su tratamiento penitenciario previo a la libertad condicional y coadyuvar al cumplimiento del fin constitucional y legal de la pena: su reinserción y readaptación social.

Las salidas transitorias solicitadas comprendían desde el sábado a las 10:00 hasta el martes a la misma hora, con retorno a la institución penitenciaria correspondiente. Durante este proceso, la asistida demostró compromiso e interés en su proceso de reinserción, realizando cursos de capacitación, concluyendo su educación escolar básica, participando en actividades religiosas y recreativas dentro del programa de reinserción social, y recibiendo tratamiento psicológico de manera voluntaria.

En virtud de lo expuesto, el juez penal de ejecución, Víctor Benítez Salinas, resolvió promoverla al período de prueba, hacer lugar al incidente de salidas transitorias bajo restricciones y obligaciones, y disponer la continuidad de su tratamiento psicológico hasta recibir el alta correspondiente. El entorno familiar de Rosana, en la ciudad de San Lorenzo, se encontraba preparado para recibirla.

Este caso demuestra que la Defensoría Pública, en el ejercicio de sus funciones, no solo garantiza el derecho a la defensa, sino que también promueve la reinserción social con humanidad y compromiso, contribuyendo a que la justicia cumpla su finalidad constitucional.

Defensor Pública de Ejecución Penal de San Lorenzo, Cinthia Fabiana Fleitas.
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