La Defensa Pública a través su equipo técnico liderado por el antropólogo y abogado Aníbal Valdez, a pedido del Juez Adolescente Infractor, Fernando Ortiz se constituyó hasta la Comunidad Casanillo- Aldea Capiatá, Distrito de Teniente Irala Fernández, a fin de relevar datos en el marco de la causa de un adolescente indígena, representado por el defensor público, Orlando Pastor Aguiar.

Posterior a un informe antropológico, se determinó que el adolescente de 14 años, quien se encontraba recluido en el Centro Educativo de Concepción, reunía las condiciones para una reinserción comunitaria. 

En audiencia de revisión de medidas, el defensor público solicitó al juzgado una medida provisoria para su asistido, específicamente la reinserción con su familia, teniendo en cuenta que pertenece a una comunidad indígena y haciendo hincapié en un dictamen favorable, elaborado por la Perito del MDP, Ana María Fernández.

En audiencia, el antropólogo solicitó también la reinserción del adolescente bajo el control del Líder de la comunidad en cumplimiento de lo que establece la Ley 234/93 que ratifica el convenio 169 OIT sobre Pueblos Indígenas, mencionando que estará junto a su familia, principalmente con la madre y sus hermanos menores, para reencausar su proceso de educación considerando que la finalidad principal del Derecho Penal Juvenil es la educación integral del adolescente, y siendo la familia el lugar donde el adolescente debe recibir apoyo, contención y educación, debe priorizarse este.

El Juzgado Penal de la Adolescencia de Filadelfia resolvió la libertad del adolescente, y las medidas provisorias, residir y permanecer bajo los cuidados de su madre, comparecer cada tres meses ante este Juzgado, volver al colegio en la brevedad posible y estar bajo la estricta supervisión del Líder de su comunidad, quien se encargará de elevar un informe periódico al Juzgado.