Don Osvaldo tiene 92 años. Él es agricultor y tiene sus cultivos en un lote de Paraguarí. Don Osvaldo vive hace muchos años en un predio -del cual no es dueño- y que, con el paso del tiempo, hizo remodelaciones.

En el año 2016, el titular del predio, al enterarse que el hombre se encontraba remodelando su propiedad, solicitó ante el Juzgado Civil la prohibición de innovar, la cual le fue concedida. Pese a la orden, Don Osvaldo -quien alegaba que el terreno era fiscal- continuó haciendo mejoras en el lugar.

A raíz de esa prohibición, fue denunciado ante la fiscalía por supuesto desacato de orden judicial, pero su juicio nunca se llevó a cabo. Mucho tiempo después, el Tribunal de Sentencia designó al defensor público, Hugo Servín para que lo representara en el juicio oral y público, considerando que no contaba con un abogado.

Al momento de iniciar el juicio, el defensor planteó incidentes de prescripción, -extinción de la acción penal y nulidad de actuaciones-, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la fecha en que ocurrió el supuesto hecho punible y alegó que transcurrió en exceso el plazo previsto en el CPP, sobre la duración máxima del proceso.

Finalmente, el Tribunal de Sentencias resolvió hacer lugar a la extinción de la acción penal presentada por la defensa, reconociendo que se sobrepasó en exceso el plazo razonable de duración del proceso penal y ordenó el sobreseimiento definitivo de Don Osvaldo.

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