El Ministerio de la Defensa Pública, en el marco de su misión constitucional de asegurar el acceso efectivo a la justicia para las personas en situación de vulnerabilidad, solicitó una medida cautelar innominada en el expediente caratulado: “Julia Mabel Acosta Rojas c/ Luciana Bernadet Torres s/ Acción Preparatoria de Juicio Ejecutivo”, a cargo del Juzgado de Primera Instancia de la Justicia Letrada del 2° Turno.

La solicitud fue presentada por la Defensora Pública Civil, Abg. Carla Mariela Mazo Benítez, en representación de la Sra. Luciana Bernadet Torres, jubilada y presunta víctima de un esquema de estafa judicial que ha sido públicamente denunciado como la «Mafia de los Pagarés».

Según consta en el escrito judicial, la Sra. Torres fue objeto de un doble cobro indebido, basado en la ejecución de pagarés supuestamente firmados por ella, cuya autenticidad ella niega. A pesar de haber abonado íntegramente la deuda en 2018, el proceso continuó sin su conocimiento, acumulando intereses y derivado en un embargo de sus haberes jubilatorios. La falta de notificación adecuada en el juicio –mediante las denominadas “cédulas voladoras”– habría generado una grave indefensión.

La Defensoría solicitó la retención inmediata de los fondos judiciales depositados en el BNF, ante el inminente pedido de extracción por parte de la actora, y fundó su pedido en los artículos 691 al 698 del Código Procesal Civil y en el artículo 48 de la Ley N.º 4423/11 del Ministerio de la Defensa Pública, que exime a sus funcionarios de prestar contracautela en estos casos.

Además, se informó que la Sra. Torres denunció penalmente el caso ante la Unidad Fiscal N.º 5 de San Lorenzo, actualmente en etapa de investigación por el Ministerio Público.

Cabe destacar que la representante convencional de la parte actora ya se encuentra imputada por hechos análogos por la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, en el marco de una investigación más amplia sobre la «Mafia de los Pagarés», que ya generó decenas de imputaciones, incluyendo a jueces y actuarios judiciales.

Este caso refleja un patrón recurrente: personas adultas mayores y jubiladas del sector salud y educación, víctimas de demandas ejecutivas tramitadas sin su conocimiento, con el agravante de no haberse denunciado sus domicilios reales, y notificándolas en lugares públicos como hospitales.

La Defensa Pública recuerda que conforme al artículo 10 de la Ley N.º 4423/11, está facultada para proponer medidas de protección de derechos ante las autoridades judiciales, y reitera su compromiso con la defensa de los derechos de las personas más vulnerables, en especial frente a esquemas judiciales abusivos.

En ese sentido, habilitó dos líneas telefónicas directas que permitirán a personas de escasos recursos económicos iniciar de forma rápida y sencilla el proceso para acceder a un defensor público en juicios ejecutivos tramitados ante los Juzgados de Paz.

Las líneas son atendidas por funcionarios de la Defensoría Adjunta Civil, quienes reciben las solicitudes y derivan cada caso al defensor público correspondiente:

* Leandro Rolón: 0971 744020

* Adán Fariña: 0981 553286