El defensor público Abog. Juan Emilio Arce Amarilla obtuvo resolución favorable de nulidad de juicios y la devolución de sumas de dinero en virtud de la Ley No. 7614/25, en beneficio de víctimas del esquema denominado “mafia de pagarés” en tres demandas ejecutivas tramitadas ante el Juzgado de Paz de Mariano Roque Alonso. En total fueron recuperados G. 22.383.614.

El primer caso de demanda

En el caso del señor Marcos Bernardo Ayala Benítez, funcionario del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el defensor público planteó el incidente de nulidad de actuaciones y redargución de falsedad en el marco del juicio “Vanessa y Asociados c/ Marcos Bernardo Ayala Benítez s/ cobro de guaraníes”, Expte. N° 1438/2021, atacando todas las cédulas de notificaciones por diligenciamiento deficiente.

El defensor alegó que las actuaciones no fueron notificadas en el domicilio real del demandado, denunciado en el pagaré, y que además. consta un informe de contenido genérico puesto en el acta del ujier notificador. 

También se señala la irregularidad en el diligenciamiento de intimación de pago porque contiene los mismos vicios de las cédulas de notificaciones, con lo cual se ha demostrado la vulneración del derecho a la defensa del demandado.

El argumento de la defensa pública fue acogido favorablemente por el Juzgado, por medio del A.I. N° 606 de fecha 6 de julio de 2026, que resolvió declarar la nulidad de todas las actuaciones y retrotrajo los trámites hasta la providencia de fecha 7 de noviembre de 2014. Así también, se procedió a la emisión de orden de pago a favor de Marcos Bernardo Ayala Benítez, por la totalidad de la suma disponible en la cuenta judicial, disposición que se hizo efectiva con el retiro de G. 11.728.000.

Otros dos casos que afectaron a docentes

Respecto a los casos de Raquel Ramona Bazán Melgarejo (docente activa) y Celsa Irma Garay Riquelme (docente jubilada), el defensor solicitó la nulidad en los expedientes “Nde Mba’era Comercial c/ Raquel Ramona Bazán Melgarejo s/ acción preparatoria de juicio ejecutivo”, Expte. Nº 454/2026 y “San José Muebles SRL c/ Celsa Irma Garay Riquelme s/ cobro de guaraníes”, Expte. Nº 883/2026, en base a la disposición contenida en el Art. 7º de la Ley Nº 7614/25 sobre saneamiento de juicios ejecutivos, con la devolución del monto que se encontraba depositado en la cuenta judicial abierta a nombre del juicio.

En ambos juicios, a pedido de la defensa pública, se recabaron informes de la Sección de Estadísticas de los Tribunales a los efectos de verificar su registro legal en dicha oficina judicial. A través de los informes de fecha 30 de julio de 2026 y 7 de septiembre de 2026, se ha constatado que los mencionados expedientes principales que se pretendían reconstituir no fueron registrados en el sistema judicial, por lo que inmediatamente se solicitó el dictado de resolución de nulidad.

El juzgado de Paz de Mariano Roque Alonso, a cargo del juez Abg. Fidelino Cáceres, dictó los fallos A.I. N° 725 de fecha 7 de agosto de 2026 y A.I. N° 949 de fecha 5 de octubre de 2026, por los cuales declaró la nulidad de las mencionadas causas ejecutivas, declarando la nulidad y retrotrajo las actuaciones al momento anterior a la admisión de la demanda, ordenando el pago a favor de Raquel Ramona Bazán Melgarejo por G. 4.855.614, y a favor de Celsa Irma Garay Riquelme G. 5.800.000, como consecuencia de la intervención técnica y oportuna del defensor público. El monto total recuperado en ambos juicios fue de G. 10.655.614.

Las resoluciones dictadas en las tres causas constituyen un precedente importante para restablecer derechos vulnerados, frente a prácticas procesales abusivas, y destaca la trascendencia de la labor que desempeña el Ministerio de la Defensa Pública (MDP) en la tutela efectiva de los derechos ciudadanos.