En el marco de la garantía de los derechos fundamentales y el respeto a la condición humana dentro del sistema penal, la Defensora Pública, Blanca Ramírez, impulsó un pedido de prisión domiciliaria a favor su asistido, un hombre de 70 años de edad, quien cumple una condena de diez años y se encontraba recluido en el Pabellón Semi-abierto de la Penitenciaría Industrial “ESPERANZA”.
Acusado por la comisión de un hecho punible en el año 2020, “Marcial” –nombre ficticio- requería de asistencia médica e intervención quirúrgica por una hernia inguinal, la cual le provocaba fuertes dolores lumbares, molestias en la pierna izquierda y cefaleas persistentes, acompañadas de alteraciones visuales, motivo por el cual la Defensora Pública, planteó el pedido de prisión domiciliaria.
Durante la audiencia ante el Juzgado Penal de Ejecución N.° 3, la defensora expuso las condiciones personales y el estado de salud de “Marcial”, expresando que necesitaba consultas especializadas y estudios pre quirúrgicos. Resaltó la buena conducta mantenida en el establecimiento penitenciario y los informes socio ambientales y psicológicos favorables, respaldando la viabilidad de la medida conforme al Art. 239 del Código de Ejecución Penal.
Aunque la representación del Ministerio Público se ratificó en el rechazo de la solicitud argumentando la falta de concurrencia conjunta de los requisitos, la fundamentación de la defensa permitió a la Magistratura aplicar un criterio garantista e independiente de las causales legales. El juzgado valoró que la edad de 70 años y el cuadro de salud ameritan el otorgamiento de la medida bajo el principio de humanidad para salvaguardar su calidad de vida y su salud.
Finalmente, el Juzgado resolvió hacer lugar al pedido formulado por la defensora, disponiendo que la prisión domiciliaria se cumpla en el domicilio fijado, una vez activado el dispositivo de control electrónico (tobillera electrónica). El resultado de esta intervención por parte de la defensoría, confirma su función de proteger la salud y las garantías constitucionales de sus asistidos.
Defensora Pública Penal de Ejecución de Asunción, Blanca Ramírez.
Contacto: 0974 627214.