Con patrocinio de la defensora pública Abg. Luz Mabel Chavez, una víctima de la denominada “mafia de los pagarés” fue beneficiada con la declaración de nulidad de todo el proceso judicial. Además, la víctima, una funcionaria del Ministerio de Justicia, recuperará casi G. 8 millones que le fue descontado irregularmente de su salario, según constató el juzgado tras la petición de la defensora pública.

Tras una serie de vicios procesales que fueron denunciados por la defensora pública, efectivamente el juzgado constató todas las irregularidades que finalmente desembocaron en la nulidad de todo el juicio ejecutivo. 

La jueza María Bethania Mendieta de Prette, del Juzgado de Paz de La Recoleta, por medio de la Sentencia Definitiva (SD) Nº 720 del 22 de julio de 2026 resolvió, al constatar la serie de irregularidades del juicio, declarar la nulidad de todo el proceso en el expediente caratulado “Compañía Administradora de Riesgos SA c/ Zulma González de Ibarra s/ acción preparatoria de juicio ejecutivo”.

De igual manera, el Juzgado ordenó la devolución de G. 7.708.300 a la Sra. González de Ibarra.
La Oficina de Estadística Civil en fecha 20 de abril de 2026 informó que se realizó la búsqueda del expediente en la base de datos institucional Judisoft, desde el 2003 a la fecha y no se encontró el referido juicio.

De igual manera, el Juzgado constató que tampoco en los libros de entrada del Juzgado existe constancia formal de ingreso del mencionado expediente.

Por su parte, la actuaria informó que el expediente físico ha sido localizado y en cuya carátula está consignada el año 2023 como inicio de tramitación del juicio.

También llamó la atención que a pesar de que a partir del 2023 se iniciaron los sorteos a través del sistema Judisoft para la asignación e ingreso formal de expedientes a los juzgados; sin embargo, en el presente juicio no se realizó el sorteo.

Otra irregularidad constatada es que la providencia de inicio del juicio en la que se cita a la parte demandada a reconocer o negar su firma (pagaré), no tiene fecha consignada en la que fue emitida la providencia, lo que constituye un vicio procesal.

En la misma situación se encuentra la cédula de notificación (al no tener fecha de inicio del juicio) genera duda que se haya practicado la notificación.

Para el juzgado las irregularidades detectadas son vicios que comprometen la legalidad del proceso ya que omitió el acto que le da inicio formal mediante el sorteo a través del sistema Judisoft, lo que a su vez vulnera la seguridad jurídica, el control de legalidad y el debido proceso.

La magistrada ordenó el levantamiento del embargo ejecutivo que pesaba sobre el salario de la señora Zulma González de Ibarra como funcionaria del Ministerio de Justicia. La Contaduría General de los Tribunales informó que en la cuenta abierta a nombre del juicio estaban depositados los G. 7.703.300 que le fueron devueltos a la víctima.

Defensora Pública de Asunción, Luz Mabel Chávez Silva.

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