Con el acompañamiento judicial de la Coordinadora de Santaní, defensora pública del fuero Civil y Laboral, Simona Arévalo, un docente jubilado víctima de la denominada “mafia de los pagarés”, pudo desligarse de un inminente doble descuento de un crédito de G. 10 millones que había solicitado y que ya había cancelado. Le debían descontar otra vez, más de G. 22 millones.

Según explicó la defensora pública Abg. Arévalo, Reino Salvador Vera Medina, docente jubilado, quien es oriundo de la ciudad de Concepción pero actualmente está residiendo en Asunción, en el 2021 realizó un préstamo de una casa de crédito que fue tramitada a través de la Asociación de Educadores Naciente, al que solicitó G. 10 millones. Sin embargo, firmó un pagaré por G. 22.502.900, que quedó en manos del prestamista. Pagó unos G. 800.000 mensuales hasta cubrir el monto total de su deuda.

Sin embargo, en el año 2023 le iniciaron el juicio preparatorio de ejecución del pagaré sobre los G. 22.502.900, en un juzgado de Santaní. El afectado recurrió primeramente a la Comisión de Investigación contra la mafia de los pagarés del Parlamento Nacional, que solicitó los informes pertinentes del caso. La Asociación de Educadores Naciente le envió todos los comprobantes de pago. Se corroboró que efectivamente el docente jubilado Vera Medina había pagado la totalidad de su deuda crediticia, es decir, los G. 22.500.000.

Sin embargo, el prestamista recurrió al juzgado de Paz de Santaní, departamento de San Pedro, para obtener un segundo pago a pesar de haber percibido la totalidad de la deuda contraída por el docente jubilado.

El juzgado de Santaní ya había decretado el embargo de salario de Vera Medina, pero por cuestiones, seguramente burocráticas, no se ejecutó la orden judicial.

Víctima habría firmado dos pagarés

A criterio de la defensora pública Arévalo, a Vera Medina posiblemente le habrían hecho firmar dos pagarés, con lo que se encuadraría a la denominada “mafia de los pagarés”. En el pagaré que se encontró en Asunción, decía que estaba cancelado, pero el segundo pagaré se pretendió ejecutar en el juzgado de Santaní, en el que ya se había decretado inclusive el embargo de su salario.

La defensora pública Arévalo así como la Comisión de Investigación contra la mafia de los pagarés del Senado, realizaron las averiguaciones de la demanda. En ese ínterin, los representantes de la firma Credidemar se adelantaron a la presentación de incidentes de la defensora pública y solicitaron ellos mismos el finiquito del reclamo judicial de cobro de guaraníes, por cancelación de la deuda.

La defensora Arévalo aclaró que ya había preparado su escrito de finiquito por cancelación de deuda, ya que contaba con todos los documentos probatorios.

El finiquito del juicio ejecutivo se decretó por SD N° 481 del 17 de junio de 2025, por el juez de Paz de Itacurubí del Rosario Abg. Wilson David Velázquez Urunaga, interino del juzgado de Santaní.

De esquema abusivo califica senador

Por su parte, el senador Rafael Filizzola, quien preside la Comisión Especial de Investigación de la “mafia de los pagarés” del Senado, destacó en su cuenta de X que el “docente jubilado Reino Salvador Vera, fue víctima de este esquema abusivo. Fue demandado en Santaní por una casa de créditos que, sin embargo, ya había cobrado la totalidad de la deuda”.

Defensora Pública del Fuero Civil y Laboral, Simona Carolina Arévalos Zorrilla 

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