La intervención de la Defensa Pública permitió aumentar la asistencia alimenticia a favor de un niño cuyo padre se encuentra en el exterior. Cuando se fijó la asistencia alimenticia para Diego –nombre ficticio-, en febrero de 2022, el niño tenía apenas 3 años. 

Con el paso de los años, sus necesidades cambiaron y, también aumentaron los gastos relacionados con su crecimiento, educación y sostenimiento.

A esta situación, la Defensora Pública del Fuero Civil ante la Niñez y la Adolescencia, Abg. María Viviana Celeste Villalba Alcaraz, en representación de la madre, promovió en octubre de 2022 una demanda para solicitar el aumento de la asistencia alimenticia.

El proceso avanzó con la presentación de pruebas e informes. La Defensora Pública realizó distintas gestiones durante el juicio y, en mayo de 2025, solicitó una audiencia de conciliación. La parte demandada no compareció a la audiencia.

La resolución también tuvo en cuenta que, al momento de dictarse la sentencia inicial, Diego tenía 3 años y que, cuatro años después, sus necesidades habían aumentado naturalmente con su crecimiento y el incremento de los costos de productos y servicios.

Finalmente, el Juzgado hizo lugar a la demanda promovida por la Defensora y estableció la asistencia alimenticia en G. 1.000.000, equivalente a 8,54 jornales mínimos, con actualización automática y proporcional conforme a los aumentos salariales.

Dado que el demandado se encontraba trabajando en el extranjero, otorgó un poder especial ante un notario en España para ser representado en el juicio, el fallo consolidó el marco legal para asegurar el cumplimiento regular de los envíos de dinero desde el exterior.

Defensora Pública de Capiatá, Maria Viviana Celeste Villalba Alcaraz 

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