La Defensoría Pública en lo Civil de la sede de San Estanislao, logró un resultado favorable para su representada, Rosa Mabel Godoy Giménez, docente en ejercicio y con domicilio en Carayaó, Departamento de Caaguazú, quien durante varios años se encontraba afectada por un embargo sobre su salario, dispuesto en el marco de un juicio ejecutivo iniciado en el año 2016 en el Juzgado de Paz del distrito de Choré, San Pedro.
Intervención de la Defensoría
Ante esta situación, la usuaria acudió inicialmente al Ministerio de la Defensa Pública (MDP), que tiene su sede en Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú. Conforme al protocolo establecido para la remisión de casos de usuarios cuyo domicilio se encuentra en una circunscripción distinta a aquella en la que se promovió el juicio, el caso fue remitido a la Defensora Pública en lo Civil de San Estanislao, San Pedro, Abg. Simona Carolina Arévalo, quien asumió la intervención en la causa.
Al realizar el análisis del expediente, la defensora constató una circunstancia procesal relevante: la Sentencia Definitiva (SD) de fecha 28 de abril de 2017, mediante la cual se había dispuesto la ejecución de la suma reclamada, no había sido notificada en debida y legal forma a la demandada. Asimismo, se verificó que, durante un prolongado período, la parte actora no había impulsado el procedimiento.
Ante estas circunstancias, se planteó la procedencia de la caducidad de la instancia (pone fin al juicio por falta de impulso procesal por 6 meses), con fundamento en los artículos 172, 173 y 174 del Código Procesal Civil, al haberse configurado los presupuestos legales para su declaración.
Como resultado de la intervención de la Defensoría Pública, el Juzgado, mediante el Auto Interlocutorio (AI) N.º 81 de fecha 28 de abril de 2026, declaró la caducidad de la instancia, disponiendo además el cese del descuento que afectaba el salario de la profesora Rosa Mabel Godoy Giménez, quien se encuentra en plena actividad laboral.
Devolución de fondos
Asimismo, el Juzgado dispuso la orden de pago de los fondos que fueron embargados, logrando la restitución a favor de la usuaria de la suma de G. 3.929.012.
Este caso -como muchos otros que se encuentran en trámite- constituye un ejemplo concreto de la importancia de la intervención del Ministerio de la Defensa Pública, especialmente en aquellos procesos que, por el transcurso del tiempo y la falta de impulso procesal, continúan produciendo consecuencias patrimoniales favorables para las personas afectadas.
La intervención profesional permitió no solo obtener el cese de un embargo salarial que se prolongaba durante años, sino también, recuperar para la usuaria los recursos que habían sido retenidos, garantizando de esta manera una tutela judicial efectiva y el acceso real a la justicia.
Defensora Pública de San Estanislao, Simona Carolina Arevalos Zorrilla
Contacto: 0974 629 568
