Este miércoles 15 de octubre, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores presentará ante el Pleno el proyecto de Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos. El Defensor General, Prof. Dr. Javier Dejesús Esquivel González, estuvo presente en el Congreso Nacional durante el análisis final de la futura normativa, considerando que la Defensoría Pública tendrá una participación activa en caso de aprobarse dicha ley.

El Dr. Esquivel González señaló ante el Congreso que el patrocinio de defensores públicos como querellantes en diversas causas penales no es ajeno a la institución, ya que esta práctica viene siendo desarrollada por el Ministerio de la Defensa Pública (MDP) en los procesos vinculados a la Ley N.º 5777/16 “De Protección Integral a las Mujeres contra Toda Forma de Violencia”.

El patrocinio como querellantes adhesivos por parte de los defensores públicos tendría lugar debido a que varios hechos punibles —como violación de domicilio, lesión, amenaza o maltrato físico—, actualmente considerados de acción privada en el Código Procesal Penal, pasarían a ser de acción pública, es decir, perseguibles por el Ministerio Público. En consecuencia, al convertirse en hechos de acción pública, estos podrían ser objeto de querellas adhesivas, donde el defensor público intervendrá en calidad de patrocinante.

Por el Ministerio de la Defensa Pública también participaron en la reunión el Defensor Adjunto en lo Penal, Dr. César Cañete Prette, y el Director de Derechos Humanos, Dr. Hugo Giménez.

El presente Proyecto de Ley tiene por objeto la creación de un Mecanismo de Protección, con el propósito de prevenir, proteger y procurar justicia, garantizando la vida, integridad, libertad y seguridad de todas aquellas personas, grupos o comunidades que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio del periodismo, el trabajo de prensa, la libertad de expresión o la defensa y promoción de los Derechos Humanos.

Este proyecto es el resultado de un proceso de construcción colectiva impulsado por la Mesa Técnica para la Seguridad de Periodistas, coordinada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY).

Los impulsores de la iniciativa explicaron que la normativa no busca privilegiar a un grupo específico, sino fortalecer la democracia, garantizando el derecho ciudadano a recibir información veraz, equilibrada e imparcial, en beneficio de toda la sociedad.

La Comisión de Asuntos Constitucionales estuvo presidida por el senador Ramón Retamozo, e integrada por los legisladores Mario Varela, Rafael Filizzola, Dionisio Amarilla, Lizarella Valiente y Líder Amarilla, entre otros.

Asimismo, estuvieron presentes el secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), Santiago Ortiz, y el asesor jurídico Dante Leguizamón, hijo del periodista Santiago Leguizamón, asesinado en Pedro Juan Caballero el 26 de abril de 1991.

Durante la sesión del Senado se recordó que la implementación de una ley de protección para periodistas y defensores de derechos humanos responde a una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida como parte de la sanción al Estado paraguayo por no haber adoptado las medidas necesarias para proteger la vida de Santiago Leguizamón.