La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de la Defensa Pública, a cargo del Director, Abg. Hugo César Giménez, participó de reuniones técnicas virtuales correspondientes a la hoja de ruta del periodo 2026 con el propósito principal de propósito principal consolidar la institucionalidad del equipo de trabajo y reafirmar el compromiso con la defensa de los derechos colectivos e individuales.

El pasado 3 de febrero se reunió de manera virtual con la Mesa Técnica de Ejecución Penal, del cual también participaron los jefes de área Rosa Zárate (Reinserción) y Ever Ocampos (Sectores Vulnerables), junto a los defensores especializados María Inés Acosta, María Eliane Ovelar, Francia Siani, Robert Acuña y Luis Fernando Silvera.

Durante esta reunión se acordó la unificación de criterios de litigio bajo estándares de control de convencionalidad para garantizar coherencia y predictibilidad en las garantías judiciales de los asistidos. Esta agenda prioriza la reactivación del Observatorio de Cárceles del MDP, destinado al monitoreo técnico de condiciones de encierro basado en evidencia, y el programa de «Alfabetización Jurídica», con jornadas informativas en las penitenciarías, dictada por Defensores, materializando el derecho a la información de las personas privadas de libertad.

A demás la Dirección de DDHH, convocó a la Mesa Técnica de Pueblos Originarios en donde se priorizó el se priorizó el fortalecimiento de las herramientas de litigio estratégico mediante la incorporación de análisis estadísticos y el estudio de jurisprudencia actualizada. El enfoque se centró en optimizar la calidad de la defensa técnica, garantizando que las intervenciones judiciales cuenten con una sólida perspectiva de Derechos Humanos y un respeto irrestricto a las normativas del Sistema Interamericano.

Con estas acciones de planificación y articulación interna, el Ministerio de la Defensa Pública busca asegurar un acceso a la justicia efectivo y con enfoque intercultural. La institución ratifica así su visión de futuro en la implementación de políticas públicas que protejan a los sectores en situación de vulnerabilidad, promoviendo la vigencia plena del Estado de Derecho en la República del Paraguay.