La docente jubilada María Teresita Sánchez, residente en Filadelfia, Chaco paraguayo, se acercó a la sede del Ministerio de la Defensa Pública (MDP) para agradecer personalmente al Defensor General, Prof. Dr. Javier Dejesús Esquivel González, por las gestiones realizadas por la defensora pública Leticia Casaccia en el levantamiento de embargos irregulares que pesaban en ocho juicios ejecutivos de cobro de guaraníes, vinculados al esquema conocido como “mafia de los pagarés”. Durante 15 años se efectuaron descuentos abusivos en su contra, e incluso, por una motocicleta llegó a pagar la suma de G. 50 millones.

Estos son los hechos, casi invisibles, que realiza la Defensa Pública, pero que nos llenan de satisfacción. Seguimos firmes en la tarea de proteger los derechos de los más vulnerables”, expresó el Defensor General, Dr. Esquivel González.

Gestión incansable de la defensora

La docente manifestó que la defensora Casaccia y su equipo de trabajo le dedicaban un día completo para realizar todas las diligencias en el Juzgado de Paz. Le indicaban un día específico para acudir a la Defensa Pública y, gracias a ello, la defensora pudo levantar ocho embargos en igual cantidad de juicios ejecutivos de cobro de guaraníes. Aún quedan dos juicios por resolver, según señaló la víctima.

“El trato de la defensora pública fue admirable porque me hacían sentir que yo era parte de su equipo de trabajo, me demostraban que querían llegar al fondo de todo. Me hubiese gustado que todas las docentes afectadas conocieran la humanidad de estas personas piadosas (por el equipo de la Defensa Pública), porque hay más gente afectada por las estafas. Por eso sentía, en el fondo de mi alma, que alguna vez iba a poder solucionar el problema que me estaba agobiando”, expresó Sánchez.

Agregó que conoció a muchos docentes jubilados y otros activos que no llegaron a cobrar sus aguinaldos, e incluso a una persona que, desesperada, falleció de un paro cardíaco.

“Confío en la defensora Casaccia y ya no cuento las veces que vengo a la capital por mi problema, porque sé que en algún momento voy a dar por terminado todo esto”, manifestó la docente.

Recordó que, a pesar de no contar con recursos financieros para movilizarse, pudo reunir una pequeña cantidad de dinero para llegar a la capital del país. Allí contactó con la Comisión Especial del Senado contra la “mafia de los pagarés”, donde fue asesorada para recurrir al Ministerio de la Defensa Pública. Fue así que se comunicó con la defensora pública, Leticia Casaccia, a quien agradeció expresamente por las incansables gestiones que realizó y continúa realizando, ya que aún tiene otros dos juicios pendientes.

El inicio de su calvario

La docente Sánchez explicó que todo se inició hace varios años, cuando una empresa que vendía especialmente electrodomésticos ofrecía sus productos a crédito, para lo cual se firmaban pagarés, generalmente seis o más documentos, sobre los que los vendedores decían que eran necesarios para presentarlos en varios lugares.

En el caso de Sánchez, los juicios ejecutivos se iniciaron con notificaciones que nunca le llegaron. La defensora pública Casaccia explicó que una misma notificación se realizaba el mismo día, a la misma hora y con un mismo ujier; sin embargo, en los documentos hacían constar diferentes motivos para justificar que no eran recibidas, como que un familiar no accedió a firmar la notificación o que no se encontró a nadie en el domicilio.

Incluso una notificación a la docente se realizó en la ciudad de Fernando de la Mora, localidad en la que la afectada nunca había residido. Esta práctica perversa es conocida como “notificación voladora” y tiene el grave efecto de iniciar los trámites para el embargo o descuento de salario sin dar la posibilidad a la afectada de defenderse.

La docente recordó que, cuando adquirió una moto para su movilidad, firmó un documento para que le descuenten G. 350.000 mensuales. Sin embargo, al poco tiempo este monto fue aumentando paulatinamente hasta llegar a unos G. 900.000 mensuales. Terminó pagando cerca de G. 50.000.000 por una motocicleta que probablemente no costaba ni G. 5.000.000. Para colmo, la moto no tenía repuestos en el país, por lo que al poco tiempo de adquirirla ya no pudo usarla.

Los descuentos comenzaron hace unos 15 años y la docente apenas percibía su salario, ya que los embargos lo absorbían casi en su totalidad.

Las demandas

Los ocho juicios ejecutivos cuyos embargos fueron levantados se encontraban en el Juzgado de Paz de Luque, a cargo de la jueza Norma Ortíz.

Las firmas demandantes en estos casos fueron Rentable S.A. y Grupo Capital S.A.