Diego de 8 años y Alan de 11 son hermanos de madre. Ellos vivían junto a su mamá hasta el año 2019. Ese año, buscando una mejor calidad de vida para sus hijos, ella tuvo que ir a trabajar a España. Diego y Alan quedaron al cuidado de sus respectivos padres. Poco tiempo después, Alan empezó a recibir maltratos de su papá. Él, cansado, decidió huir y refugiarse en la casa donde vivía su hermanito Diego, junto con su padre y su abuela.
Desde ese momento, los hermanos permanecieron juntos al cuidado de la abuela de Diego. Más adelante, el comportamiento de los niños comenzó a cambiar, iniciaron los conflictos escolares y las peleas constantes. La tía de Diego tuvo que contactar con la mamá de ambos.
Luego de la conversación telefónica, la mamá de los niños inició los trámites con la Defensa Pública para que los niños puedan viajar junto a ella. Un equipo de la Defensa Pública de la sede de Pilar, conformado por las defensoras públicas, Rilsi Pérez, Liza Florentín y Graciela Lujan De Jesús y el defensor público Miguel Rodríguez, tomó intervención del caso.
El Juzgado, por providencia, admitió la solicitud de llevarse a cabo las audiencias, las cuales fueron realizadas a través de medios telemáticos en presencia de los defensores públicos y con ayuda del Centro de Relevo, -ya que el padre de Diego es sordomudo-, previendo así en el procedimiento todas las formalidades establecidas en la legislación.
El resultado fue positivo, el trámite judicial se cumplió mediando acuerdo entre los progenitores. Los niños volvieron con su madre, quien podrá encargarse del cuidado de sus hijos por un periodo de 90 días otorgado por el Juzgado.
