El senador Rafael Filizzola, presidente de la Comisión Antimafia de los Pagarés, destacó nuevamente la labor del Ministerio de la Defensa Pública (MDP), cuyo titular es el Prof. Dr. Javier Dejesús Esquivel, por su actuación en favor de las víctimas afectadas por esta organización judicial delictiva.

 De igual manera, una de las personas damnificadas por este esquema agradeció la intervención de las defensoras públicas, quienes levantaron varios embargos sobre su salario que la habían dejado en la indigencia. Este martes, a las 11:30, los miembros de la Comisión se reunirán con el fiscal general del Estado para informarse sobre las diligencias que realiza el Ministerio Público.

Al iniciar la sesión en el Parlamento, el presidente de la Comisión Especial de Investigación de Carácter Transitorio sobre los hechos relacionados con la trama delictiva denominada “mafia de los pagarés”, senador Rafael Filizzola, se refirió al invitado, Dr. Esquivel, y afirmó que el Ministerio de la Defensa Pública “es la institución que viene enfrentando con mayor empeño esta mafia de los pagarés, logrando ya algunos resultados concretos”.

Agregó que la Comisión pretende dar un mayor impulso para firmar y formalizar un proyecto de ley que fue trabajado por el senador Afara y su equipo y que paralelamente también fue elaborado este proyecto por el Ministerio de la Defensa Pública que está siendo compaginado para así tener un solo proyecto”, indicó Filizzola.

La delegación del Ministerio de la Defensa Pública (MDP), además del defensor general Prof. Dr. Javier Dejesús Esquivel González, también contó con la participaron en la sesión en el Senado con el defensor Adjunto en lo Civil Abg. Edgar Ríos Parquet, los coordinadores abogados José Torres y Mauricio Morales, así como las defensoras públicas Carla Mazó, Leila Centurión y Leticia Casaccia. 

También formaron parte de la delegación de la Defensoría Pública los abogados Hugo Giménez, director de DD.HH., José Delgado, Asesor Técnico y Adrián Arévalos, presidente de la Asociación de Defensores Públicos del Paraguay (ADEPPY).

La presencia del equipo técnico de la Defensa Pública es para ajustar los detalles del anteproyecto de ley que quedará como proyecto final para que el sistema legal tenga las herramientas jurídicas de saneamiento de los juicios irregulares llevados adelante en los juzgados civiles de la denominada “mafia de los pagarés”. 

La mencionada ley busca establecer plazos para la búsqueda de los expedientes sustraídos o extraviados, ya que en caso de no ser ubicados en ese tiempo establecido, y no puedan ser reconstituidos el justiciable podrá obtener el beneficio de la suspensión de los embargos. 

La normativa también establecerá herramientas para evitar las “notificaciones voladoras” y otras irregularidades para sanear los juicios llevados de manera irregular.

Reunión con fiscal general

En otro momento de la sesión, el senador Mario Alberto Varela informó que este martes 26 de agosto a las 11:30 los miembros de la Comisión antimafia de los pagarés, serán recibidos por el fiscal general del Estado Dr. Emiliano Rolón Fernández, a quien solicitarán que informe sobre las diligencias que realizan los fiscales en el ámbito penal para combatir esta asociación delictiva que se gesta desde los juzgados de Paz con el cobro indebido e ilegal de los documentos obligacionales.

“Las defensoras son unas capas”, destacó docente víctima de la mafia

El defensor general Dr. Esquivel dijo que a pesar que el Ministerio de la Defensa Pública es el brazo humilde de la Justicia, aún así no deja de cumplir su misión en defensa de los mas vulnerables.

Seguidamente la docente Ninfa Ramírez, casi a los llantos, relató la miserable forma en que tuvo que vivir por la falta de dinero porque la mafia de los pagarés le había despojado de casi la totalidad de su salario.

“Me dejaron en bancarrota, no tenía para mi pasaje, tenía que poner una docente reemplazante porque andaba como loca en los juzgados de Roque Alonso o Villa Elisa donde me negaron por meses las copias. Era como que no existía el expediente pero me seguían descontando. La lluvia ni la tormenta me atajaron para que denuncie ante la Fiscalía”, destacó.

“La defensora tenía que tener las copias de los expedientes, mis deudas eran de 20 o 23 millones que no se por qué eran. No pude ver el expediente. El ujier me mentía porque sin notificaciones me embargaron a lo mbareté. Yo no comía por los descuentos, no pagaba alquiler, me sacaron de mi alquiler, andaba de acá para allá. Pero me planté y les dije que no me iba a ir sin que me entreguen las copias de los expedientes”, manifestó

“La defensora pública Leticia Casaccia llevó mi caso, me puse contenta. Desde ese primer momento me atendió muy bien, fue muy activa, anduvo por el juzgado. A ella tampoco le entregaban ninguna resolución, pero por su esfuerzo ella consiguió el levantamiento de mi embargo. Es una capa que levantó dos embargos”, dijo la docente.

También destacó la gestión de la defensora pública Gladys Leiva, quien analizó los documentos del expediente y le arrojó al juez de la mafia de los pagarés, quien lamentablemente aún sigue en el cargo. La Dra. Leiva también es una capa. Agregó que a la defensora Leiva se le entregaron las resoluciones de levantamientos de embargos de dos juicios, en Roque Alonso, según dijo.

La docente Ramírez asimismo se emocionó al relatar en la sesión que gracias a la gestión de las defensoras públicas pudo obtener la devolución de lo que le fue ilegalmente despojado.

Acelerar anteproyecto para convertirlo en Ley

La preocupación general de los miembros de la Comisión antimafia es la demora para que el anteproyecto que pretende levantar embargos y declarar nulidades de los juicios ejecutivos de cobros de guaraníes, se convierta en Ley.

Los senadores Esperanza Martínez, Mario Varela e Ignacio Iramain coincidieron en que el anteproyecto de Ley debe acelerar los pasos en el Parlamento Nacional ya que han transcurrido 120 días de la creación de la Comisión y el proyecto no fue aún enviado a las cámaras.

Iramain incluso fue más lejos y solicitó que una Ley también contemple castigos penales para los actuarios y jueces que incurrieron en delitos por facilitar que los pagarés puedan ser ejecutados en muchas ocasiones para así poder descontar millonarias sumas de dinero de incautas personas que cayeron en los tentáculos de la rosca delictiva.