Eran las 22:00 horas del 12 de diciembre de 2021, cuando Sara se encontraba sola, cocinando en su casa. En medio de la tranquilidad de la noche era inimaginable lo que estaba a punto de ocurrir. Un fuerte sonido en la entrada de la casa; Sara guarda silencio, y pocos minutos después, fuertes golpes se escuchan en la puerta.

Asustada, sin siquiera asomarse, pregunta quién es, no hubo tiempo para respuestas, Miguel –su ex esposo-, ya estaba dentro de la casa. Sin mediar palabras, se abalanzó hacia ella. En sus manos, un cable grueso de color negro, un palo de madera y un cuchillo. La tiró al piso, la pateó y de arañazos le arrancó la ropa con intenciones de violentarla. La obligó a permanecer quieta atándola de manos y pies, ella intentó defenderse, pero él tomó un cuchillo y comenzó a torturarla.

Amenazándola de muerte, la seguía golpeando. Sara estaba viviendo la peor escena de su vida. La tomó del cuello, intentó ahorcarla con el cable, pero en apenas un descuido, finalmente, ella logró escapar. Corrió a la calle gritando y pidiendo auxilio mientras Miguel aprovechó para salir huyendo.

Sara hizo la denuncia en la comisaría, era la primera vez que su ex esposo la golpeaba. La acusación fue sostenida por la fiscala, en representación del Ministerio Público; la querella adhesiva fue ejercida por las defensoras públicas, Adriana Planas y María Gloria González. En juicio oral, el Ministerio Público sostuvo que demostraría la culpabilidad del hombre.

Miguel estaba siendo acusado por violencia familiar y tentativa de homicidio. Las defensoras públicas, en sus alegatos, manifestaron contar con los elementos para sustentar la acusación formulada por el Ministerio Público.

Como pruebas fueron presentados los argumentos de testigos en el caso, actas de procedimientos provenientes de la comisaría en donde se realizó la denuncia, expediente judicial remitido por el Juzgado de Paz, fotografías de las lesiones sufridas por Sara e incluso el diagnóstico médico del Hospital que la asistió, así como el informe psicológico procedente del Centro Ciudad Mujer, entre otros.

Luego de las pruebas exhibidas, el Tribunal realizó el análisis de punibilidad por violencia familiar y por punibilidad de tentativa de feminicidio, resultando afirmativas, por lo que consideró la sanción aplicable de 19 años de pena privativa de libertad para Miguel, la cual ahora, debe cumplirla en la penitenciaría nacional de Tacumbú o en otro centro penitenciario que sea adecuado.

Defensoras Públicas del Fuero Especializado en la Ley 5777/16:

Adriana Planas 0974626953 -J.A. Saldivar.

María Gloria González 0974626864 -Luque.