El Defensor Adjunto en lo Civil, Niñez y Adolescencia, Edgar Ríos Parquet, en representación del Ministerio de la Defensa Pública, participó de la sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, que tuvo como objetivo, recabar información sobre los avances en la investigación sobre los estafados en el marco de la mafia de los pagarés.

Además, la reunión en modalidad mixta de la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el senador Mario Varela, contó con la participación de manera presencial del senador José Ledesma y la senadora Lizarella Valiente mientras que el senador Rafael Filizzola lo hizo de modo virtual. Como invitados también participaron de la reunión la fiscala adjunta María Soledad Machuca Vidal, jefa de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, junto con los agentes fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce Rolandi y Juan Leonardi Guerrero.

Durante la reunión se planteó la conformación de una mesa técnica para brindar asistencia a las víctimas, teniendo en cuenta que lo que está sucediendo representa una grave amenaza a los derechos fundamentales y a la seguridad jurídica de la ciudadanía.

El Defensor Adjunto informó las acciones ya emprendidas por el Ministerio de la Defensa Pública, y los siguientes pasos para concretar la representación de los afectados; asimismo, señaló la predisposición de la institución para conformar la mesa de trabajo, que apunta a una mejor prestación de servicio de defensa ante esta violación de los DDHH.

El presidente de la Comisión de DDHH, senador Varela, mencionó que, aunque la comisión no tiene atribuciones para intervenir en procesos judiciales, la importancia de contar con esta información como insumo para impulsar acciones coordinadas con otras instituciones, como el Ministerio de la Defensa Pública y la Defensoría del Pueblo. “Estamos ante violaciones del debido proceso, lo cual constituye una transgresión a los derechos humanos. Por eso, planteamos la conformación de una mesa técnica para brindar asistencia a las víctimas”, dijo.

Los participantes de la reunión coincidieron que el caso de la mafia de los pagarés no solo afecta a quienes han sido víctimas directas, sino a todos los ciudadanos que requieren garantías en sus procesos judiciales y que es un tema de alto interés público.

Asimismo, se mencionó que se evalúa la posibilidad de impulsar una iniciativa parlamentaria para modificar normas procedimentales que permitan, por ejemplo, la suspensión de embargos mientras se revisan los casos.