La defensora pública en lo Civil del Primer Turno de la Capital, Abg. Leyla Josefina Centurión, logró la caducidad de 6 juicios de cobro de guaraníes en los casos denominados «mafia de los pagarés». Estos juicios afectaban a dos docentes, a quienes ya no le descontarán sus salarios y entre las dos recuperaron casi G. 13 millones que es parte del dinero sustraído irregularmente. Las educadoras son del interior del país, pero los juicios se tramitaban en la capital.

A pesar que las dos docentes demandadas en los seis juicios de cobro de guaraníes están radicadas en las ciudades de Itauguá y Ciudad del Este, el Ministerio de la Defensa Pública (MDP) recibe los casos de estafas con pagarés de todo el país y los defensores públicos elaboran los escritos judiciales para luego remitirlos a las víctimas para que los firmen en sus respectivas localidades.

Cuatro juicios caducados a favor de docente de Itauguá

La defensora pública en lo Civil de la Capital Abg. Leyla Josefina Centurión desvinculó del juicio de cobro de guaraníes en cuatro demandas que enfrentaba una docente de Itauguá identificada como Lorenza Ayala Servín, en los juicios caratulados: «GSC SA c/ Lorenza Beatriz Ayala Servín s/ acción preparatoria de juicio ejecutivo». Año 2024.

La defensora pública argumentó lo que dispone el Código Procesal Civil (CPP) en su Art. 172 que textualmente dice: «Se  operará la caducidad de instancia en toda clase de juicios cuando no se instare su curso dentro del plazo de seis meses».

Desde la providencia del 21 de octubre de 2024 a la fecha de oponer excepciones notificado el 15 de octubre de 2025, ha transcurrido un año sin que la parte actora haya demostrado interés en dar impulso a la causa, por lo que corresponde la caducidad de instancia, sostuvo la defensora.

Antecedentes de la multiplicación de pagarés

La señora Lorenza Beatriz Ayala Servín firmó un pagaré con una casa de préstamos, pero la misma no informó de manera correcta de cómo sería el proceso de cobro del dinero prestado, y la demandada sólo tomó conocimiento de dicho reclamo a través de embargos judiciales.

En agosto de 2025 le llegó a la docente una notificación vía oficio comisivo del Juzgado de Paz de Itauguá, informando de cuatro juicios ejecutivos donde supuestamente firmó cuatro pagarés por un monto de G. 8.400.000, cada uno. La docente explicó que solo accedió a un préstamo de G. 3.000.000, dinero que sí retiró.

La casa de préstamos había acordado con la señora Ayala Servín que el cobro se llevaría a cabo por descuento automático, no a través de un juicio de acción ejecutiva.

El único pagaré que firmó la demandada dijo no recordar haber hecho ante una escribanía a fin de certificar su firma, ya que dicho crédito retiró de un supermercado. Es así que también niega haber firmado los cuatro pagarés que fueron objetos de reclamos vía judicial.

La Contaduría de los Tribunales informó al juzgado que en una de las cuatro cuentas bancarias tenía la suma de G. 9.240.000, que gracias a la gestión de la defensora pública la docente pudo retirar dicho fondo.

Juzgado avaló postura de defensora

El magistrado Rogerth Chaparro Cabañas, del juzgado de Paz de San Roque al constatar las inacciones en los cuatro juicios que afectaban a la docente Ayala Servín, declaró la caducidad de instancia.

Por medio de los Autos Interlocutorios (AI) números 2063, 2064 y 2065 del 11 de noviembre de 2025, declaró la caducidad de instancia de tres juicios. En igual sentido emitió una resolución en el cuarto juicio por medio del AI Nº 2052 del 31 de octubre de 2025. Todos los juicios fueron iniciados en el 2024.

Incidentes presentados

La defensora pública promovió incidentes de caducidad de instancia por haber transcurrido 6 meses sin que la parte actora haya instado el impulso a la demanda.

Otro incidente fue la inhabilidad de título, ante la evidente adulteración del pagaré por medio del cual se reclamaba el pago judicial de una supuesta deuda. Se solicitó al juzgado que se exhiban los cuatro pagarés presuntamente originales.

El incidente de nulidad fue planteado porque no se observaron las formalidades para la intimación de pago y para realizar la citación de la demandada para oponer excepciones. Según el ujier, la docente fue notificada en su lugar de trabajo a las 7:00; sin embargo, no dejó constancia de firma alguna sobre esta supuesta intimación de pago.

Otros dos juicios que favorecieron a una docente de CDE

En el jucio caratulado: «LM Hogar SA c/ Julia Concepción Sánchez Tillería s/ acción preparatoria de juicio ejecutivo», Año 2024, la defensora pública Leyla Centurión igualmente obtuvo la caducidad de instancia de las dos demandas que le afectaban a esta docente, radicada en Ciudad del Este (CDE).

La jueza de Paz de Villa Morra, del Primer Turno, Abg. Elvira Margarita Franco González, por medio del AI Nº 344 del 3 de marzo de 2026 declaró operada la caducidad de la instancia de la demanda del cobro de dinero por G. 9.780.000 que promovió LH Hogar.

El juzgado emitió la orden de pago por G. 3.952.678 a favor de la docente en uno de los dos juicios. En embas demandas se comunicaron al Ministerio de Educación y Ciencias, por medio de los oficios números 257 y 258 del 3 de marzo de 2026, por el cual se declaró la caducidad de instancia y se ordena levantar los embargos que pesaban sobre el salario de la docente Julia Concepción Sánchez Tillería.

Defensora Pública, Leyla Centurión.

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